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Consulta pública previa sobre el "Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado."
Closing date:17/06/2021
Trámite: Cerrado Participación del 17 de mayo al 17 de junio de 2021.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como en la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales se convoca, con carácter previo a la elaboración de la norma de referencia, una consulta pública en la que se recabará la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que asi lo consideren, acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Los eventuales interesados podrán participar remitiendo sus contribuciones a la dirección de correo electrónico consulta.evaluacion@correo.gob.es hasta el 17 de junio de 2021.
Tanto la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) insisten en la necesidad de fortalecer la institucionalización de la evaluación, y señalando en sus recomendaciones al respecto la relevancia del establecimiento de un marco regulador desde el nivel central de Gobierno que enmarque las circunstancias y características que debe tener la evaluación de políticas públicas para que cumpla su objetivo de servir como herramienta de toma de decisiones informada, de contribución a la transparencia, la mejora de la utilización de los recursos públicos, la información a la ciudadanía y la rendición de cuentas y, en definitiva, a la profundización de la democracia; y en ello coinciden expertos y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la calidad democrática.
En España no existe un marco integrador común que permita proporcionar las herramientas y elementos básicos para impulsar una política integral de evaluación de políticas públicas. La fragmentación de las actividades de evaluación que se realizan en las distintas administraciones públicas dificulta tanto su visibilidad como el intercambio eficaz de información y buenas prácticas, además de restarle impacto y utilidad.
Adicionalmente, se constata que la inexistencia de un organismo independiente dificulta consolidar la cultura evaluadora de una forma permanente, sistemática y generalizada.
Este proyecto normativo busca trabajar en una definición más clara y precisa de los conceptos y principios generales de evaluación de políticas públicas y de impulsar su institucionalización en las administraciones públicas, en especial en la Administración General del Estado y sus organismos vinculados, sin perjuicio de la necesaria colaboración y cooperación con otros niveles de gobierno.
Nuestra sociedad se enfrenta al desafío de una recuperación tras la crisis social y sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, así como al reto de afrontar con la máxima transparencia y eficacia el aprovechamiento de los recursos procedentes de los mecanismos de apoyo previstos en el Mecanismo “Next Generation” de la Unión Europea y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Ello exige el fortalecimiento, a todos los niveles, de las herramientas de impulso democrático, por lo que esta propuesta normativa se ha incluido como un proyecto de reforma en el Componente 11, dentro de la Política Palanca IV, “Una Administración para el Siglo XXI”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La iniciativa pretende impulsar la institucionalización de la evaluación de políticas públicas como herramienta de mejora, rendición de cuentas y transparencia de la acción de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados, mediante la formalización y sistematización de las prácticas de evaluación, el fomento de la cultura de evaluación y la organización institucional de la evaluación en la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados.
Se pretende la creación de un organismo con alto grado de autonomía, que sea un hub de conocimiento en materia evaluadora, y que refuerce el proceso de evaluación ex ante.
La ley conformará un sistema robusto y coherente de mejora de la calidad, diseño, y evaluación de las políticas públicas, complementado con el refuerzo de la evaluación ex post a través de los Spending Reviews que realiza la AIReF.
La regulación por medio de una norma con rango de Ley se considera la única alternativa regulatoria aplicable, con un alcance general, al nivel de otras herramientas de desarrollo de calidad democrática, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acesso a la Información y Buen Gobierno. Por otra parte, se exige rango de ley para la creación del organismo previsto.
La solución alternativa no regulatoria supondría mantener el status quo, y la pervivencia de la dispersión y fragmentación de la actividad evaluadora.