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La Delegación del Gobierno instruyó en 2010 un total de 2.331 expedientes sancionadores en materia de estupefacientes.
![La Delegación del Gobierno instruyó en 2010 un total de 2.331 expedientes sancionadores en materia de estupefacientes. La Delegación del Gobierno instruyó en 2010 un total de 2.331 expedientes sancionadores en materia de estupefacientes.](https://www.mptfp.gob.es/dmsweb/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/larioja/actualidad/notas_de_prensa/notas/2011/02/2011_02_28/101-0170-IMG.jpg)
28/02/2011
La Delegación del Gobierno instruyó un total de 3.037 expedientes sancionadores durante el pasado año 2010, referidos a todas las materias incluidas en la Ley Orgánica 1/1992 de 26 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. La mayor parte de estos expedientes tuvieron su origen en aspectos relacionados con la tenencia ilícita de estupefacientes, que ascendieron a 2.331, lo que supone el 76,75% de la totalidad y un incremento del 18,92% con respecto a 2009. El 5% de los expedientes incoados lo fueron a menores de 18 años, y el 43,21% de ellos se trataba de mayores de 25. Además sólo en un 8,41% de los expedientes se trataba de mujeres. Por el contrario de lo que pudiera parecer al creer que las drogas y la diversión van unidas al tiempo de fiestas, sábados y domingos, la mayoría de los sancionados lo fue entre semana, en la que se sancionó al 62,55% de los poseedores. Las cifras ofrecen además que el 88,97% de los sancionados eran de nacionalidad española.
No obstante el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 1/1992 de 26 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, contempla una figura redimidora de la sanción, de tal forma que aquellos que opten por someterse a un tratamiento de deshabituación, quedará suspendido dicho expediente y si cumplen con dicho tratamiento la sanción quedará condonada. En la actualidad son 45 los expedientados que se hallan bajo tratamiento de deshabituación en el consumo de estupefacientes.
La Ley, como medida ejemplarizante, contempla además la incoación de expedientes a los titulares de aquellos establecimientos públicos que toleren conductas permisivas con el consumo y/o el tráfico de estupefacientes, apertura que puede desembocar bien en una sanción económica, bien en el cierre del local (en situaciones reiteradas). La Ley prevé multas que oscilan entre los 1.500 y 30.000 euros y clausura del local por un período de seis meses a los propietarios de estos locales que permitan tráfico y/o consumo. Durante 2010, la Delegación del Gobierno abrió expedientes a 4 locales de La Rioja por esta causa.
El perfil del consumidor de drogas tipo en la Comunidad Autónoma de La Rioja es el de un hombre (91,59%) de entre 18 y 25 años (51,78%), que consume estupefacientes preferiblemente entre semana (62,55%).
EVOLUCIÓN: El consumo de estupefacientes entre los menores de 18 años y entre los que tenían 18 y 25, descendió en 2010 con respecto a los años 2007, 2008 y 2009. En cambio creció de manera significativa en el grupo de edad de los mayores de 25. De esta manera, si en el trienio comparado el consumo de los menores de 18 arrojó una media en ese período de 6,68%, en 2010 ese resultado ha descendido al 5%; un descenso aún más acusado en el tramo de edad comprendido de entre los 18 y 25 años, un 63,22% en el trienio 2006-2009, por un consumo de este grupo de 51,78%. En cambio parece que los expedientes aumentaron notablemente en los mayores de 25 años, ya que este pasado año del total de incoaciones realizadas el 43,21% fue en este tramo de edad, una cifra que en la media del trienio comparado se situó en el 30,10%.
TIPOLOGÍA DE LAS DROGAS: En 2010 y con respecto al trienio 2006-2009 la aprehensión de marihuana pasó de 397 a 2.637 gramos. Se ha reducido la incautación de hachís que se pasó de 4.020 a 3.249 gramos y asimismo aumentó la retirada de anfetaminas. Si en 2010 se aprehendieron 177 gramos de anfetaminas en 2010 fueron 256. Cocaína y heroína han registrado este año pasado 122 y 15 gramos respectivamente siendo las cantidades medias en el trienio 2006-2009 de 81 y 5,95 gramos.
ARMAS: Por otra parte, un total de 310 expedientes ha abierto la Delegación del Gobierno en 2010, por posesión ilícita de armas. Si en las sanciones por estupefacientes la administración pretende evitar el daño futuro a la salud pública y para evitar este daño se debe evitar el riesgo de consumo, eludir el riesgo es quizá el objetivo capital de la sanción por tenencia ilícita de armas. En esta línea, a las personas a los que se les abrieron expedientes sancionadores por estas causas, se les intervinieron, diferentes armas y objetos peligrosos, entre ellos, 6 carabinas, 11 pistolas simuladas, 244 armas blancas de todo tipo, como navajas, katanas, hachas y bastones acabados en punta metálica, 3 defensas metálicas y 2 puños americanos o llaves de pugilato.
En cualquier caso, y dentro de este apartado, también se han tramitado 18 expedientes a personas legalmente autorizadas para poseer armas; en este caso por circunstancias tales como la llevanza inadecuada e injustificada de armas de fuego –escopetas y rifles principalmente- o por negligencia en su custodia.
DESORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PRIVADA: El objeto de la sanción en los desórdenes públicos es corregir las conductas antisociales o incívicas que perturban la seguridad ciudadana y la pacífica convivencia. De esta forma en el año 2010 fueron 237 los expedientes incoados en esta materia. De ellos, 120 lo fueron por desobediencia a Agentes de la Autoridad y 11 en relación con la violencia en espectáculos deportivos.
Asimismo, acogiéndonos al espíritu de la Ley inspiradora de este régimen sancionador administrativo, y analizando las circunstancias del sector de la seguridad privada, con su incremento, han aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los vigilantes, o la reiteración de las falsas alarmas. Por ello las fuerzas públicas de seguridad deben estar presentes permanentemente en el desarrollo de la actividad privada de la seguridad, no sólo para conocer la información trascendente para la seguridad pública, sino que también para evitar agresiones, coacciones, o desconocimiento de derechos. A este respecto se abrieron 25 expedientes. FAC.