Inicio > Delegacións > Delegacións do Goberno > Delegación do Goberno na Comunidade Autónoma de Cataluña > Actualidade > Notas de Prensa > Notas > 2009 > Junio > Declarada de utilidad pública la adquisición de una finca en Deltebre, para su incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestre y reconvertirla en un espacio natural sostenible
Delegacións
- Delegacións
- Que é a Administración Xeral do Estado no Territorio?
- Normativa
- Delegacións do Goberno
- Delegación do Goberno na Comunidade Autónoma de Andalucía
- Delegado do Goberno
- Actualidade
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Subdelegación do Goberno en Sevilla
- Subdelegación do Goberno en Almería
- Subdelegación do Goberno en Cádiz
- Subdelegación do Goberno en Córdoba
- Subdelegación do Goberno en Huelva
- Subdelegación do Goberno en Xaén
- Subdelegación do Goberno en Málaga
- Subdelegación do Goberno en Granada
Declarada de utilidad pública la adquisición de una finca en Deltebre, para su incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestre y reconvertirla en un espacio natural sostenible
12/06/2009
Consejo de Ministros
- El proyecto quiere dar respuesta a uno de los problemas de la zona, derivado de la excesiva estrechez de las playas de la Bassa de L’Arena y Nen Perdut, en un espacio cuya costa es progresivamente regresiva
El Consejo de Ministros en su reunión de hoy ha autorizado la declaración de utilidad pública y la adquisición de una finca en Deltebre con una superficie total, según datos regístrales de 516,62 hectáreas (5.166.200 metros cuadrados), conocida por Mas Bombita o finca Bombita, con dos lagunas de unas 192 hectáreas sobre el total de la superficie citada, en el término municipal de Deltebre (Tarragona), para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre, reconvirtiéndola en un espacio natural sostenible y dotándola con las infraestructuras necesarias para el disfrute de los visitantes.
En desarrollo del plan de actuaciones en la costa del Delta del Ebro, es necesario que aquellos terrenos que no sean titularidad del Estado por no haber sido incluidos en el correspondiente deslinde, pero que resulten necesarios para la ejecución de las actuaciones contempladas en aquél, se incorporen al dominio público marítimo-terrestre para que, una vez incorporados, sirvan a los objetivos medioambientales y de sostenibilidad asignados por la Ley de Costas, a saber, la defensa de la integridad del mismo y la garantía de su uso público.
La actuación proyectada pretende dar respuesta a uno de los problemas básicos de la zona, derivado de la excesiva estrechez de las playas de la Bassa de L’Arena y Nen Perdut, en un espacio cuya costa es progresivamente regresiva, lo cual justifica la actuación protectora propuesta.
Para la regeneración de la finca se ha desarrollo el “Plan de Actuaciones en la Costa del Delta del Ebro: Mejora medioambiental en las playas de Pals, Bassa de L’Arena y Nen Perdut, en el Deltebre”. El Presupuesto base de licitación de la actuación proyectada asciende a la cantidad de 14.529.289,40 euros.
El objetivo del anteproyecto es la mejora medioambiental de los terrenos situados frente a la playa de Pals, Bassa de L’Arena y Nen Perdut, en el Delta del Ebro. El carácter regresivo de la costa en este punto, junto a otras circunstancias, han reducido considerablemente el ancho de las playas destruyendo el cordón dunar que servía de protección.
Esta actuación pretende asegurar la estabilidad de la costa, restaurando el sistema dunar y reconvirtiendo los terrenos del entorno, actualmente ocupados por arrozales, en un espacio natural con formaciones vegetales propias del Delta. Con el objetivo de ganar terrenos para el dominio público marítimo-terrestre, se propone la compra de propiedades situadas alrededor de la laguna Canal Vell. A su vez, todo ello se pretende dotar con las infraestructuras necesarias para el disfrute de los visitantes consiguiendo un espacio sostenible.
Hay que recordar finalmente que el mandato constitucional contenido en el artículo 45 de la Constitución Española de 1978, establece que los poderes públicos velarán por la utilización racional y sostenible de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.