Castilla y León recibirá más de 4,5 millones para programas de lucha contra la violencia de género

21 de julio de 2023.- El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad por la que, de acuerdo con el Pacto de Estado en materia de violencia de género, se reparten fondos entre entidades locales destinados a la financiación de programas de lucha contra ese tipo de violencia. En total, Castilla y León recibirá 4.587.821 millones de euros a repartir entre los 2.248 municipios repartidos entre las nueve provincias.

El presupuesto de este programa asciende a 40 millones de euros de los que, una vez realizada la evaluación del remanente de las aportaciones de 2021, se reparten 36.228.578 millones. Tal y como se indica en el Real Decreto 1023/2020, el 30% de los fondos se reparten, a partes iguales, entre todos los municipios constituidos según los datos del Registro de Entidades Locales. Otro 20% de los fondos se reparte entre los municipios de manera proporcional al número de habitantes a fecha de 1 de enero de 2022.

Otro 15% se distribuye a partes iguales entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Genero (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior. El otro 35 restante, se distribuye en función del número de mujeres usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO) empadronadas en cada municipio antes de que se adopte la resolución de transferencias para la asignación de fondos anual.

Los municipios deberán destinar estos fondos a la ejecución de programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que desarrollen las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Castilla y León tiene asignados algo más de 5,2 millones de euros si bien, durante el proceso de revisión de justificaciones de ayudas anteriores, se ha tenido en cuenta el remanente existente por lo que el importe a transferir será finalmente ligeramente superior a los 4,5 millones de euros. Por provincias, los ayuntamientos de Salamanca recibirán 734.869 euros mientras que Soria es la provincia que menos cantidad recibe, en concreto 295.363 euros.

Distribución de fondos a Ayuntamientos de Castilla y León 2023

Los programas financiados con cargo a estos fondos abarcarán el período de ejecución comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024. En el caso de que los fondos se ejecuten por mancomunidades de municipios o comarcas, estas deberán aportar por registro electrónico, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, el acuerdo o instrumento jurídico que las habilite para ejecutar actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la violencia de género.

Una vez finalizado el período de ejecución, las entidades que han recibido la ayuda tendrán como fecha límite de presentación de documentación para justificar la ayuda el día 30 de septiembre de 2024.

En el reparto de fondos se ha determinado la cuantía de los remanentes de 2021. De esta manera, el resultado de restar el importe total concedido para este ejercicio menos el importe de los remanentes de hace dos años compensables en el presente será el importe a transferir a cada entidad local en 2023.

CAMPAÑA “SER LIBRE.ESTAR VIVA”

Por otra parte, durante esta semana, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presentaba en Aranda de Duero la campaña de verano contra las agresiones machistas ‘Ser Libre. Estar Viva’ aprovechando una reunión preparatoria para la Junta Local de Seguridad que se celebra hoy viernes con motivo del Sonoriza Ribera 2023 para que el festival más multitudinario de todos los que se celebran en Castilla y León se desarrolle “con normalidad y sin incidentes”.

Se trata de una campaña genérica que “no se centra solo en la violencia sexual. Buscamos llegar fundamentalmente, al tratarse del verano, a núcleos de ocio donde hay una presencia mayoritaria de jóvenes”, señaló la delegada del Gobierno en Castilla y León. Esta campaña se circunscribe en tres escenarios: los grandes festivales, las fiestas de pueblos y ciudades y los lugares de ocio nocturno privado. 

Los datos avalan la necesidad de este tipo de campañas. En el último año se produjeron en Castilla y León 619 delitos contra la libertad sexual de los que 72 fueron agresiones sexuales con penetración. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 18% con respecto a 2021, lo cual, para la delegada del Gobierno, “tiene una interpretación no necesariamente negativa porque el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y que han denunciado lo sucedido en la Policía, la Guardia Civil o en el Juzgado no llegaba al 10 por ciento, según la macro encuesta de violencia contra la mujer de 2019”.

Para Virginia Barcones, este incremento en el número de denuncias “se debe a las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social frente a este tipo de delitos, lo que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar y en una reducción de los altos niveles de infra denuncia que se dan en la violencia sexual”.

La campaña tendrá en Castilla y León especial incidencia durante los meses de agosto y septiembre. Para la delegada “es fundamental informar sobre los recursos existentes para atender a las víctimas de toda forma de violencia machista en nuestra comunidad autónoma. Estos recursos, caracterizados por su capacidad de atención integral y especialización, tienen que ser puestos en marcha por todas las instituciones competentes. Es necesaria la cooperación institucional de todas las administraciones públicas”.

Se va a poner en valor el 016, el Alertcops, la asistencia jurídica gratuita, la atención psicológica, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la importancia de las redes de mujeres. “Y no podemos dejar de poner el acento en todas las políticas de prevención y acompañamiento a las víctimas de toda forma de violencia machista”, ha indicado.

PUNTOS VIOLETA

Los puntos violeta forman parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España y suponen un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella.

Con estos puntos violeta se intenta implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista. Acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno. Y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos.

Se ofrece herramientas para ello. Como una guía con información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista en el entorno, así como con recursos para las propias víctimas. También incluye información sobre qué es la violencia machista, sus diferentes manifestaciones, y cómo detectarla.

Igualmente, diversos materiales como carteles y adhesivos que tienen como objetivo señalar que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan. Y, además, distintivos para identificar a personas implicadas en la lucha contra la violencia machista: cualquier persona que lo utilice representará una puerta de acceso para las mujeres víctimas a los recursos que estas necesiten.

AYUNTAMIENTOS Y PACTO DE ESTADO

Los puntos violeta han sido visibles durante las fiestas que ya se han celebrado y lo seguirán siendo para el resto. Los ayuntamientos cuentan desde hace cinco años con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En Castilla y León, han recibido 17,5 millones de euros desde 2018. Según Barcones, “ya hay camino andado en la sensibilización de la población ante un problema de primerísima magnitud para prevenir que ocurra”.

Los criterios de actuación que se marcan ante una agresión sexual en fiestas son proteger a la persona agredida, respetar su opinión y sus deseos, cortar de raíz los rumores y preservar su identidad, coordinar a todas las instituciones que tienen que atender a esta persona y, por último, identificar al agresor para que las FCSE pueda ponerlo a disposición judicial.

Para todo ello, la colaboración ciudadana es imprescindible. Pero también es necesario que todos los servicios con competencias en estas actuaciones estén alerta.

Por supuesto, Guardia Civil y Policía Nacional, pero también el 112, los servicios sanitarios, psicólogos, los servicios de atención jurídica a la mujer, etc. En este punto, Barcones ha recordado que la comunidad autónoma de Castilla y León ha recibido este año 14 M€ del Gobierno de España para combatir la violencia contra la mujer.

Las medidas para atajar la violencia sexual en el marco del ocio relacionado con las fiestas de nuestros pueblos y ciudades pasan por la sensibilización (con materiales adecuados), por la coordinación entre todas las instituciones que participan en la protección de las mujeres, por la colaboración ciudadana y también por la presencia policial en un doble plano: uniformada y situada en lugares estratégicos, como medida disuasoria, pero también de forma discreta para detectar prácticas muy preocupantes.

En este punto, la delegada ha recordado el miedo que invadió todo el país el año pasado por culpa de los pinchazos y la sumisión química: “y si se genera ese miedo, incluso si luego no se puede sustanciar o demostrar que está ocurriendo realmente, ya sólo la sensación subjetiva de desconfianza atenta contra la mujer y es un freno a su libertad. Así que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta situación no vuelva a producirse, para que todas las mujeres se sientan protegidas además de estarlo”.

OCIO NOCTURNO PRIVADO

La campaña llegará también a los espacios de ocio nocturno privado. Las discotecas, salas de concierto, bares, bares musicales, etc., son espacios de encuentro y relación que, como muchos otros, a veces se convierten en el escenario de comportamientos que impiden que todo el mundo pueda disfrutarlos igual.

La violencia sexual o la amenaza de sufrirla es una de las formas prioritarias de limitación de acceso a los espacios públicos en clave de igualdad para las mujeres. “Vamos a promover desde las unidades de violencia contra la mujer”, explicó Barcones ayer miércoles, “reuniones con los responsables de estos espacios de ocio para explicarles en qué consiste nuestra campaña y para solicitarles su colaboración”.

Se insistirá en el fomento de la denuncia como punto de partida para afrontar el problema. También se difundirá el uso de la aplicación Alercops, además de buscar un aumento de las medidas de seguridad en estos establecimientos. Se les va a ofrecer a ellos y a los trabajadores de esos lugares de ocio, incluidos camareros o vigilantes de seguridad, charlas para marcar estrategias de colaboración. “Nos gustaría conseguir que el sector empresarial actuara de manera conjunta y consensuada para establecer formas de prevención y de actuación que sean efectivas y útiles”, ha apuntado la delegada del Gobierno.

Y si, por desgracia llega a darse el caso de que la agresión sexual se produce, también tienen que recibir pautas de cómo actuar, de cómo derivar esos casos a través de un circuito óptimo para la atención inmediata de la víctima y para que el agresor pueda ser puesto a disposición judicial.