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Castellano destaca que la facturación electrónica agilizará los procedimientos de pago a proveedores y acabará con las facturas en los cajones
02/12/2014
Jornada Factura Electrónica en Castellón
Castellano destaca que la facturación electrónica agilizará los procedimientos de pago a proveedores y acabará con las facturas en los cajones
• Las Cámaras de Comercio organizan, entre hoy y mañana, unas jornadas informativas para hacer demostraciones y aclarar posibles dudas sobre la facturación electrónica
• El delegado recuerda que a partir del 15 de enero, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un punto general de entradas de facturas electrónicas a través del que se recibirán todas las facturas electrónicas que corresponden a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes
• A través de la web www.facturae.gob.es, las Pymes, autónomos y emprendedores podrán remitir las facturas directamente al punto general de entrada sin ningún coste
El delegado del Gobierno, Serafín Castellano, ha presidido esta mañana una jornada informativa organizada por la Cámara de Comercio de Castellón para analizar la facturación electrónica y aclarar posibles dudas. Durante el encuentro, el Delegado ha destacado que la facturación electrónica “agilizará los procedimientos de pago a proveedores y se sabrá cuántas facturas quedan pendientes de abonar, terminando con las facturas en los cajones”.
Castellano, ha señalado que a la jornada realizada esta mañana en la Cámara de Comercio de Castellón, le seguirán la organizada por Cámara Valencia que se celebra esta misma tarde, y la que realizará la Cámara de Alicante mañana, en las que se informará de manera pormenorizada y con simulaciones de casos sobre la facturación electrónica. En este sentido, el Delegado ha asegurado que la nueva “factura electrónica es el documento electrónico que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles a las facturas y garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido”.
Asimismo, Castellano ha indicado que son muchas las ventajas de la facturación electrónica, entre ellas el “ahorro de costes, la mejora de la eficiencia, la obtención de información en tiempo real, el uso eficaz de los recursos financieros, la disminución de costes o la reducción de tiempos en la generación y la gestión de la factura”.
En este sentido, el delegado del Gobierno ha explicado que para que la facturación electrónica funcione correctamente, es necesario que las administraciones puedan recibir y gestionar las facturas, así como que los proveedores puedan emitirla sin problemas.
Por ello, el Ministerio de Industria a través de la web www.facturae.gob.es diseñada principalmente para las Pymes, autónomos y emprendedores ofrece un soporte específico para que puedan emitir las facturas directamente al punto general de entrada y no les suponga ningún coste.
Esta iniciativa cuenta además con un sistema de alerta temprana que informa de los cambios en la normativa y los formatos y los incluye de forma automática. De esta manera, las administraciones ahorran costes y automatizan los procedimientos.
El Delegado ha recordado que a partir del próximo 15 de enero, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales contarán con un punto general de entradas de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que corresponden a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.
Esta obligación afecta también a sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español, uniones temporales de empresas, agrupaciones de interés económico, fondos de pensiones, de capital de riesgo, fondos de garantía de inversiones, fondos de utilización de activos y fondos de regularización del mercado hipotecario.
Quedan exentas de esta obligación de la facturación electrónica aquellas facturas con importe inferior a 5.000 euros y las que emitan los servicios exteriores del Estado.