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Cataluña recibirá 45,7 millones de los 283,2 millones aprobados por el Gobierno para fianciar la dependencia en las CCAA

30/03/2021

Teresa Cunillera recuerda que el PP recortó en 2012 una partida ahora recuperada: “Nuestra prioridad son las personas, especialmente las más vulnerables”
Cataluña es la segunda CCAA en recibir más fondos, más del 16% del total
El Consejo de Ministros aprueba un incremento del 43% en la aportación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la dependencia

Barcelona, 30 de marzo.- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta de distribución territorial de 283.197.420 euros entre las CCAA para financiar la dependencia. Esta propuesta se someterá al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Marco de Cooperación Interadministrativa, como también se hará con los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2021 del ‘Nivel Acordado’ previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.

De los 283,2 millones aprobados, 45,7 millones serán para Cataluña, la segunda CCAA que más fondos recibirá, con más del 16%. Esta partida correspondiente al llamado ‘Nivel Acordado’ fue recortada en 2012 por el Gobierno del PP y ahora ha sido recuperada por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, que cumple así uno de los principales compromisos del Acuerdo de Gobierno de la Coalición Progresista, ha destacado la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. También ha puesto en valor “que el Gobierno ha demostrado una vez más que su prioridad son las personas, especialmente las más vulnerables”. Y ha añadido que, “los recortes del PP en este ámbito tuvieron graves consecuencias para el sector, con efectos muy crueles en el reconocimiento de prestaciones y los tiempos de espera de resolución para dependientes”.

600 millones más para la dependencia

Junto a la recuperación del ‘Nivel Acordado’, el Gobierno también ha aprobado incrementar una media del 17% las cuantías del ‘Nivel Mínimo’, que corresponde a las transferencias que el Estado hace a las CCAA por cada persona dependiente atendida.

En conjunto supone el aumento de la financiación a la dependencia en 600 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 43% en la aportación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, responsable de la partida.

Criterios de reparto

Las variables y criterios que se utilizan para la distribución de fondos entre las CCAA se recogen en el Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, adoptado el pasado 15 de enero de 2021, por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En dicho Acuerdo se contempla una propuesta que incorpora los criterios de distribución con los siguientes porcentajes respecto al total de los fondos del nivel acordado:

Población potencialmente dependiente: 16%.
Atención efectiva a la población dependiente, principalmente a través de servicios profesionales: número de resoluciones de grado y nivel: 5%; número de personas beneficiarias con prestación: 24%; prestaciones de servicio efectivas: 20%; inversión autonómica en el SAAD: 2,5%; empleo relacionado con el SAAD: 2,5%.
Factores que influyen en el coste de la prestación de los servicios y posibilidad de financiarlos: superficie: 1,4%; dispersión: 0,5%; insularidad: 0,5%; mayor coste de los servicios: 4,9%; menor capacidad de pago de la población: 4,9%.
Cumplimiento de plazos de tramitación y reducción en la lista de espera: índice de agilidad administrativa: 5%; índice de personas pendientes de resolución: 5%; lista de espera a eliminar: 7,8%.

Las CCAA que participen en el nivel de protección acordado contribuirán a la financiación del SAAD con una cantidad al menos igual a la aportada por la AGE para el nivel mínimo y acordado. A través de los convenios con cada una de las comunidades autónomas se concretarán las acciones a financiar con los créditos del nivel acordado de protección, y la aplicación de los criterios de intensidad de los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas, acordados por el Consejo Territorial.