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El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, preside la constitución del Centro de Coordinación Operativa regional frente al COVID-19, con presencia de las Administraciones central, regional y local y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

18/03/2020

• El representante del Ejecutivo central ha agradecido a los participantes el esfuerzo por la “colaboración” y la “coordinación” ante esta situación de crisis

• Tierraseca ha detallado las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros y que implican una movilización de recursos económicos de 200.000 millones de euros

Toledo. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido la reunión de constitución del Centro de Coordinación Operativa en Castilla-La Mancha que vigilará el cumplimiento de las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Los participantes en este primer encuentro, de carácter presencial en la Delegación del Gobierno y manteniendo las medidas de seguridad establecidas, han sido representantes de la Delegación del Gobierno en la región, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Toledo, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Unidad Militar de Emergencias y de la Policía Local de Toledo.

En esta reunión, que da paso a la constitución, también en el día de hoy, de los consiguientes Centros de Coordinación Provinciales, Tierraseca ha hecho referencia a la importancia de la “coordinación” y “colaboración” entre administraciones para garantizar la aplicación de las medidas de seguridad, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, por parte del Gobierno de España.

También ha resaltado que la “rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional” ha requerido la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarando el estado de alarma.

De esta forma, en el Real Decreto se concreta cómo tratar de hacer frente a la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y eso incluye también, como ha incidido el delegado del Gobierno en la reunión, “limitaciones a la libertad de circulación, requisas personales y medidas de contención en diversos ámbitos”, como el educativo, el laboral, el comercial, el recreativo o el que se desarrolla en lugares de culto.

Ante los participantes, Francisco Tierraseca también ha expuesto las medidas adoptadas y encaminadas a reforzar el Sistema Nacional de Salud, el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el abastecimiento alimentario, el suministro energético y ciertas medidas en materia de transportes.

Paquete de medidas económicas y sociales

Al finalizar la reunión, también se ha comentado el Real Decreto Ley que publica hoy el BOE y que amplía las medidas ya tomadas por el Gobierno de España con un paquete económico y social.

El Ejecutivo ha decidido destinar cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros, a través de esta vía, para poner en marcha medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.

Van orientadas a un triple objetivo: reforzar la protección de las familias y colectivos más vulnerables y de los trabajadores, apoyar la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del empleo y, en tercer lugar, reforzar la lucha contra la enfermedad.

Se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las CCAA y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos. La finalidad es que ninguna persona en una situación económica difícil pierda su vivienda.

Acompañamiento a las empresas

En este RD también se recogen medidas para reforzar la protección al empleo para evitar que esta crisis temporal tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo. Para ello el Gobierno ha acordado que:

- Los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis.

- Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.

- Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.

- En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social.

Para el colectivo de autónomos se flexibilizar el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.

Medidas para evitar problemas de liquidez y fomento de la investigación

Asimismo, se impulsan medidas para asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas y evitar un problema de solvencia. Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones.

Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Al tiempo, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la pérdida de empleo.

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.

Por último, y en consonancia con el esfuerzo que se está realizando también en otros países del entorno, el Gobierno también está comprometido con el refuerzo de la investigación científica para el desarrollo de una vacuna o una cura para el COVID19. Por este motivo se van a dedicar 30 millones a la partida de investigación. Este dinero irá dedicado a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria.