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La Delegación del Gobierno en la región se suma a la Declaración del Gobierno de España con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

25/11/2019

• La declaración fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado viernes

• Con esta Declaración, el Gobierno de España muestra su rechazo a todo tipo de violencia contra las mujeres

Toledo. La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha se suma a la Declaración del Gobierno de España con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo a lo aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, la Delegación del Gobierno en la región muestra su rechazo a la violencia machista. Así, el pasado jueves, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, presidió el acto de entrega de los Premios Meninas 2019 que reconoce a personas, colectivos y entidades que trabajan para la erradicación de la violencia contra la mujer. Asimismo, y en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo, la fachada de la Delegación del Gobierno en la región se iluminó de morado, color reconocido de rechazo a la violencia machista, durante la noche del viernes y lo volverá a hacer el día 25, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Declaración del Gobierno aprobada por el Consejo de Ministros

“Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, el Gobierno de España declara su decidido compromiso de seguir dedicando todos sus esfuerzos a combatir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, su solidaridad con las víctimas y su condena más rotunda hacia las actitudes y actos de violencia hacia las mujeres por motivos de sexo o razones de género, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres.

La violencia contra las mujeres es la manifestación más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad como consecuencia de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Tal y como señala la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa para prevenir y combatir el sexismo, aprobada el 27 de marzo de 2019, la violencia contra las mujeres está ligada al sexismo, que crea un clima de intimidación, miedo, discriminación, exclusión e inseguridad que limita las oportunidades y la libertad de las mujeres. El sexismo se refuerza por los estereotipos de género que afectan a mujeres y hombres, y niñas y niños, e impide la consecución de la igualdad de género y el establecimiento de sociedades, justas, inclusivas y libres de violencia contra las mujeres. Es por ello, que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por España en 2014, obliga a promover cambios en los modos de comportamiento socioculturales con vistas a erradicar cualquier práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres.

En ese sentido el Informe de la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, insta a eliminar estereotipos y prejuicios basados en el género con el objeto de erradicar la imagen de desigualdad e implicar a toda la sociedad en la lucha contra el sexismo y la violencia contra las mujeres. La consecución de estos objetivos necesita de la educación en el respeto a los derechos humanos, a la no discriminación entre mujeres y hombres y en el rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Además, es imprescindible la contribución de los medios de comunicación para promover la sensibilización, la divulgación de imágenes positivas y no estereotipadas de mujeres y hombres que eviten la reproducción de roles sexistas.

Este año 2019 se celebran 40 años de la aprobación de la Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que España ratificó en 1984, y que insta a los Estados a adoptar políticas y medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. También en el ámbito de Naciones Unidas, España apoya el mandato de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer y apoya las resoluciones sobre la materia adoptadas en el consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015 en Nueva York, contempla la igualdad de género entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5) y, entre sus metas, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, la igualdad de género está transversalizada en otros ODS, siendo especialmente relevante el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas).

En diciembre de 2019 se cumplirán 15 años de la aprobación, por unanimidad por el Congreso de los Diputados, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que representa un hito en las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres. Una ley pionera en el mundo que ha convertido a España en un referente a nivel internacional. Por primera vez, un instrumento normativo aborda la violencia de género de un modo integral y multidisciplinar abarcando tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas, incluyendo la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, como la respuesta punitiva ante las manifestaciones de violencia. La citada ley orgánica proporciona una respuesta legal global que abarca tanto las normas procesales, mediante la creación de nuevas instancias como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, como las normas sustantivas penales y civiles, incluyendo aspectos relativos a la formación de los todos los agentes, sanitarios, policiales y jurídicos, encargados de atender y proteger a las víctimas.