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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detectaron en Andalucía 39.157 ciberdelitos en 2020, un 36,6% más que en 2019

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detectaron en Andalucía 39.157 ciberdelitos en 2020, un 36,6% más que en 2019

29/09/2021

Cataluña y Madrid anteceden a la comunidad andaluza en infracciones penales, con 48.794 y 48.678 ciberdelitos, respectivamente

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Local) detectaron el pasado año en Andalucía un total de 39.157 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un incremento del 36,6% respecto a 2019 y representa el 13,5% del total nacional, que en 2020 se situó en 287.963 ciberdelitos, un 31,9% más respecto a 2019.

Cataluña y Madrid anteceden a la comunidad andaluza, con 48.794 y 48.678 infracciones penales, respectivamente. Le siguen Comunidad Valenciana (25.732), País Vasco (17.866), Castilla y León (15.457) y Galicia (14.632).

Los datos contabilizados desde 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad. En 2016, los más de 92.000 hechos detectados supusieron el 4,6 por ciento del total de los delitos, mientras que los 288.000 denunciados en 2020 representaron el 16,3%.

Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y pueden consultarse en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior así como a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/lEY6CDa

Del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6% (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9%.

Perfil de los delincuentes y ámbitos geográficos

El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.

A lo largo del año 2020 se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2% más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).

Este VIII Informe sobre Cibercriminalidad recoge información de todos los cuerpos policiales del territorio nacional, tanto en los hechos conocidos como en detenciones e investigados, motivo que ha permitido reconstruir y actualizar la serie histórica desde el año 2016.

Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad

El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.

En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.