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Crespo: “La política farmacéutica del Gobierno defiende la igualdad de los ciudadanos”

06/06/2013

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido hoy la necesidad de que el precio de los medicamentos sea el mismo para todo el territorio nacional, “a fin de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles, residan donde residan”, y ha recordado que “la política farmacéutica es competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo”.

Crespo se ha referido así a la previsión del gobierno de impedir rebajas en el precio industrial de los medicamentos “a no ser que las mismas se hagan por igual en todo el territorio nacional”, en línea con la enmienda recientemente presentada por el Grupo Popular a la Ley del Medicamento.

Respeto a las competencias

“El Ministerio de Sanidad y Consumo defiende sus competencias y pide respetó a las mismas, igual que respeta escrupulosamente las de las Comunidades autónomas”, ha afirmado la delegada, quien ha aclarado, a este respecto, que “el Gobierno actúa cuando detecta medidas que invaden competencias y, además, provocan desigualdades entre los ciudadanos”.

En este contexto, según Crespo, “se deben entender los recursos presentados contra diversas medidas impulsadas por gobiernos de diferente signo político, como la subasta andaluza medicamentos o la medida del euro por receta emprendida por los gobiernos autonómicos de Cataluña y Madrid”.

Igualdad de los ciudadanos

Precisamente hoy el Tribunal Constitucional ha anunciado que mantiene la suspensión cautelar de la citada medida en Madrid, como pedía en su recurso el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por considerar que provocaba desigualdades.

A juicio de la delegada, “lo que debería hacer Andalucía es aplicar bien las medidas nacionales de control del gasto farmacéutico, que han conseguido ahorrar hasta abril más de 1.678 millones de euros”. Según Crespo, Andalucía es una de las comunidades autónomas que “menos ahorran en factura farmacéutica de recetas”, por lo que el Gobierno andaluz “no puede pretender restringir la medicación de los pacientes hospitalizados con medidas unilaterales no fundamentadas médicamente”.