El Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local ha analizado el proyecto de ley para la transposición de la Directiva de Servicios
19/11/2008
- La Ministra ha explicado que de la Directiva de Servicios se derivan obligaciones no sólo para el Estado, sino también para las comunidades autónomas y entidades locales
- Se han detectado los principales ámbitos sectoriales cuyas ordenanzas se verán afectadas, que son: comercio, transportes, medioambiente, energía, deportes, espectáculos públicos y sociedad de la información y comunicaciones
- El Gobierno se ha comprometido a realizar un manual práctico de evaluación de la normativa local afectada por la Directiva de Servicios
La Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha presidido hoy la reunión del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que se ha abordado la incidencia que va a tener la transposición de la Directiva de Servicios en el ordenamiento jurídico español, especialmente en las ordenanzas municipales, y se ha presentado a las entidades locales el Anteproyecto de Ley sobre el Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de Servicios, la normativa marco que transpondrá esta directiva a la legislación española.
En la reunión del Pleno de la CNAL, que está integrado por representantes de las entidades locales y de la Administración General del Estado, la Ministra ha explicado que de la Directiva de Servicios se derivan obligaciones no sólo para el Estado, sino también para las comunidades autónomas y entidades locales. Por tanto, cada una de ellas será responsable de asegurar en su ámbito de competencia el cumplimiento de la misma antes de que finalice el periodo de transposición (el 28 de diciembre de 2009).
Esta normativa comunitaria hará posible que el ejercicio de una actividad de servicios no esté sujeto a autorización administrativa y controles previos que no estén justificados, sino a un control a posteriori, lo que reducirá los trámites, el tiempo y el coste de iniciar un negocio. Además, se refuerzan los derechos y garantías de los consumidores y se creará una ventanilla única donde se podrán realizar por vía telemática todos los trámites administrativos (europeos, nacionales, autonómicos y locales) para desarrollar la actividad de servicios en cualquier país de la Unión Europea.
CAMBIOS EN LAS NORMATIVAS SECTORIALES
La incorporación de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español se hará desde un doble enfoque, horizontal y sectorial. Por un lado, el Gobierno ya aprobó el pasado 17 de octubre un informe del Anteproyecto de Ley sobre el Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de Servicios, que transpondrá la Directiva y que, como normativa horizontal, servirá de marco jurídico de referencia. Pero también será preciso adaptar las normas sectoriales, lo que implicará una evaluación de la normativa existente en numerosos sectores de actividad.
Se ha detallado a los representantes de las entidades locales los objetivos del anteproyecto de esta Ley, que supondrá un cambio en la regulación del establecimiento y libre prestación de servicios, además de un impulso a la modernización de la Administración y una mejora de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el pasado mes de julio un acuerdo para impulsar la transposición de la directiva en el ámbito local, que preveía las siguientes actuaciones:
1. Realización de un estudio para detectar los ámbitos sectoriales en los que existen ordenanzas potencialmente afectadas por la Directiva de Servicios. Una vez concluido, se ha comprobado que los principales ámbitos sectoriales sobre los que se proyectan las ordenanzas afectadas son: comercio, transportes, medioambiente, energía, deportes, espectáculos públicos y sociedad de la información y comunicaciones.
2. Realización de un manual práctico de evaluación de la normativa local afectada por la Directiva de Servicios y dirigido a las entidades locales, que está realizando el Ministerio de Economía y Hacienda, en colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas.
3. Difusión del manual a todas las entidades locales y organización, en su caso, de las jornadas técnicas que se estimen oportunas para garantizar la adecuada aplicación de la Directiva