El Cuerpo Nacional de Policía detiene en Vizcaya a dos responsables de un local de hostelería por un delito contra los derechos de los trabajadores.
05/12/2007
Tras diversas investigaciones encaminadas a luchar contra todo tipo de delincuencia, agentes del Cuerpo Nacional de Policía han puesto ha disposición judicial a dos responsables de un local de hostelería en Vizcaya, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores..
La investigaciones policiales han sido llevadas a cabo por funcionarios de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Bilbao en estrecha colaboración con la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales de Vizcaya tras tener conocimiento de que en un establecimiento de hostelería situado en Archanda (Bilbao) estaban realizando actividades laborales personas sin los preceptivos contratos de trabajo ni la documentación necesaria, según establece la normativa en vigor.
Por tales hechos, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a la detención de los responsables del local
o O. G. B. natural y vecino de Bilbao, de 37 años.
o F. C.P. natural de Bilbao de 31 años y vecino de Sondica (Vizcaya ).
En el momento de llevar a cabo la preceptiva inspección se pudo comprobar que en el local, además de los dos detenidos se encontraban cinco trabajadores de origen sudamericano en situación irregular, los cuales vestían con uniformes propios del establecimiento.
La utilización de mano de obra extranjera en situación irregular es práctica habitual por algunos empresarios españoles. Dichos empresarios no realizan contratos ni dan de alta a estos ciudadanos, lo que les supone mayores beneficios económicos, puesto que, abusando de las precarias condiciones en las que se encuentran estos extranjeros irregulares, se les posibilita ofertar la realización de servicios a un menor coste que otras empresas del ramo, con sueldos por debajo de lo establecido en los convenios sectoriales. Asimismo, economizan costes al no darles de alta en la Seguridad Social, evaden el pago de impuestos a Hacienda y, lo más reseñable, no existe ningún tipo de cobertura legal, laboral y socio-sanitaria para los trabajadores, dado que no facilitan contrato alguno.
La operación ha concluido con la instrucción de las correspondientes diligencias finalizadas el pasado día 30 de noviembre y la puesta a disposición de los presuntos autores del delito.