La Policía Nacional y el SEPE abrieron trescientos expedientes sancionadores por prestaciones fraudulentas en 201
05/04/2017
- A lo largo del pasado año ambos organismos realizaron cinco operaciones conjuntas en nueve oficinas de prestaciones de la región
- Más de 1000 personas de diversas nacionalidades fueron controladas con motivo de estas actuaciones, que ahorraron 1,5 millones de euros a las arcas del Estado
Murcia, 5 de abril de 2017. La Policía Nacional y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desarrollaron durante el año 2016 un total de cinco actuaciones conjuntas en nueve de sus Oficinas de Empleo con el objetivo de prevenir la obtención fraudulenta o indebida de prestaciones y subsidios por desempleo en supuestos de falsedad documental, usurpación del estado civil, así como de salidas al extranjero por los perceptores de las mismas sin autorización.
Los controles se han saldado con la apertura de trescientos expedientes sancionadores de beneficiarios de prestaciones por las diversas infracciones detectadas, así como con la detención de tres ciudadanos extranjeros que teniendo condenas judiciales por delitos graves en España contaban en vigor con expedientes de expulsión del territorio nacional y aun así se encontraban percibiendo prestaciones por desempleo.
Dichas actuaciones se realizaron en las oficinas del SEPE de varios municipios de la Región, Torre Pacheco, San Javier, Lorca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Águilas, Mazarrón y la propia ciudad de Murcia, y fueron controladas en torno a 1.000 personas de diversas nacionalidades, tanto española como extranjera.
Las acciones emprendidas son fruto de la colaboración entre los agentes del Grupo IV de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de Cartagena y el personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Los procedimientos iniciados en virtud de la colaboración entre los dos organismos han permitido detectar irregularidades que han supuesto un ahorro a las arcas del Estado de más de un millón y medio de euros sólo en el año 2016.
Los expedientes sancionadores conllevan la obligación de devolver los importes cobrados indebidamente, como es el caso de algunos infractores, si bien también han comportado sanciones por incomparecencias y extinciones de numerosas prestaciones.