José Antonio Ulecia se manifiesta rotundamente contra la corrupción en la vida política.
23/11/2009
§ En un artículo publicado en la prensa regional, Ulecia arremete contra la sucesión reiterada de casos de corrupción en la vida pública.
José Antonio Ulecia considera que la corrupción en la actividad política constituye una lacra que, aunque minoritaria, amenaza con arruinar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y servidores y enuncia su particular basta ya. En un artículo publicado en el diario regional “La Rioja”, con el título “Corrupción en la vida pública: de la resignación a la tolerancia cero”, Ulecia arremete contra la sucesión reiterada de casos de corrupción en la esfera pública, que considera produce en la ciudadanía una “sensación de hastío y desesperanza, que se traduce en una desafección de los ciudadanos respecto a la clase política en general”.
A lo largo de su exposición, el Delegado del Gobierno en La Rioja efectúa un análisis de las circunstancias y condicionantes de este fenómeno social negativo. En esta línea, Ulecia pone de manifiesto la “importante capacidad de desmoralización y alarma social que tiene la corrupción”. Considera que el “riesgo” de caer en la corrupción es ajena a circunstancias tales como raza o filiación política, y está más relacionada con la “posibilidad asequible de enriquecimiento fácil y la ausencia o mal funcionamiento de controles externos”.
Por todo ello, Ulecia considera que la consigna general debe de ser “con la corrupción, tolerancia cero”. Condena, en este sentido, algunas “actitudes pasivas de resignación y, más aún, de tolerancia cómplice con delincuentes declarados, o el ejercicio irresponsable de una crítica feroz a jueces, policías, periodistas y gobierno”.
En cualquier caso, José Antonio Ulecia deduce que el hecho de que ahora se produzca unincremento importante del número de denuncias constituye, ante todo, el indicador de un buen funcionamiento del Sistema Judicial y del Estado de Derecho, y la existencia real de una clara voluntad de los poderes públicos por la erradicación de estas prácticas. Entiende que,por parte del Gobierno, esta voluntad se está poniendo de manifiesto por acciones tales como lacreación de 1.110 nuevas plazas de jueces y fiscales en la última legislatura; creación de una Fiscalía Especial para Delitos Ecológicos y Urbanísticos; creación de una Unidad Especial de la Guardia Civil contra los Delitos Urbanísticos; incremento en 24.000 agentes de los CFSE; aprobación de unanueva Ley del Suelo, que ha puesto fin a la práctica del “todo urbanizable”de la Ley anterior de 1998; potenciación de la Fiscalía Anticorrupción, que, desde el año 2005 hasta hoy, ha pasado de 10 fiscales a 30, triplicando casi también los casos tramitados; reforma del Código Penal, que aporta nuevos instrumentos para combatir estos delitos, o la creación, en el Ministerio de Vivienda, del denominado Sistema de Información Urbana, que centraliza toda la información urbanística de los municipios en una página WEB de acceso libre y gratuito, y que va a constituir, sin duda, una nueva herramienta contra la corrupción urbanística.
Como corolario, Ulecia entiende que habría que seguir el consejo clásico de “elegir a nuestros gobernantes entre los más honrados y vigilarlos, después, como si fueran sospechosos”; creando las cautelas y controles técnicos y jurídicos necesarios para evitar la posibilidad de estas prácticas perniciosas, y habilitar los mecanismos de “detección precoz” de las mismas y de su castigo inmediato. Pero, sobre todo, reclama la “creación de una voluntad decidida de los propios políticos por acabar con una lacra que, aunque minoritaria, amenaza con arruinar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y servidores”.