La Policía Nacional detiene a dos personas por un delito contra los derechos de los trabajadores
20/10/2014
La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo de la Delegación de Gobierno, se ha dado por finalizada la 'Operación Trocanda', procediendo a la detención y posterior puesta a disposición judicial de 2 personas, una de ellas empresaria de 29 años de edad y la segunda su ex-pareja de 32 años de edad, ambos de origen búlgaro, encargados de la contratación y control de los trabajadores de un conocido restaurante de la esta ciudad por delito contra los derechos de los trabajadores.
Las investigaciones comenzaron en el mes de septiembre del presente año, cuando se recibió una primera denuncia en dependencias de la UCRIF, en la que se daba cuenta de un posible delito contra el derecho de los trabajadores, presuntamente cometido por parte de la administradora del restaurante, así como del encargado de gestionarlo.
Entre las manifestaciones recibidas puede desprenderse lo siguiente:
- Las víctimas eran obligados a realizar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias siete días a la semana, percibiendo únicamente por dicha jornada laboral la cantidad de 18 euros/día trabajado en el mejor de los casos.
- Además se incumplían las vacaciones anuales sistemáticamente.
- Los trabajadores que estaban enfermos y no podían acudir a su puesto de trabajo no percibían ningún tipo de salario.
- Si un trabajador era despedido no percibían ningún tipo de finiquito correspondiente al tiempo trabajado.
En vista de tener indicios racionales de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, es por lo que, por parte del Grupo 1º de UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía en Illes Balears, se procedió a la realización de una Inspección junto la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la Delegación de Gobierno en el mencionado restaurante, filiando a diversos trabajadores, todos ellos de nacionalidad extranjera y procediéndose a la intervención de diversa documentación.
Las víctimas (en total 5), llevadas por sus diferentes situaciones económicas y personales (cargas familiares), y por miedo a perder su única fuente de ingresos, se veían obligados a aceptar las condiciones laborales impuestas por la empresaria y el encargado.