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El Gobierno destina más de 2 millones de euros al País Vasco para adaptar el comercio de proximidad a las nuevas tecnologías

03/05/2022

La distribución territorial del crédito destinado al Programa de Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico cuenta con una inversión de 100 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
“Nuestro objetivo es lograr que el comercio sea un sector resiliente, competitivo y adaptado a los nuevos hábitos de consumo”, subraya la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto
El Fondo Tecnológico será gestionado directamente por las comunidades autónomas e irá dirigido a las pequeñas y medianas empresas del sector comercial

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la distribución de 2.075.884 euros al País Vasco para facilitar la adaptación del comercio de proximidad a las nuevas tecnologías.

La distribución entre las comunidades autónomas del crédito destinado al Programa de Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico cuenta con una inversión total de 100 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023 (50 millones de euros para cada ejercicio), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

“El comercio de proximidad debe adaptarse a los cambios de hábitos de los consumidores apostando por la digitalización y la sostenibilidad. Esta línea de 100 millones de euros en subvenciones ayudará a las pymes del sector comercial a mejorar la estrategia comercial en línea, el modelo de negocio y la experiencia de compra, así como los proyectos para transformación del espacio físico de venta y los proyectos de mejora de la eficiencia, la entrega de última milla y la economía circular. Nuestro objetivo es que el comercio sea un sector resiliente, competitivo y adaptado a los nuevos hábitos de consumo”, subraya la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El Fondo Tecnológico será gestionado por las comunidades autónomas e irá dirigido directamente a las pequeñas y medianas empresas del sector comercial, que podrán presentar sus solicitudes de manera individual o a través de sus asociaciones de comerciantes.

Los criterios de distribución territorial propuestos son los siguientes: población de derecho (este criterio tiene un peso del 31%); número de locales comerciales de comercio minorista (con un peso del 31%); población activa en el sector del comercio minorista (con un peso del 31%), dispersión de la población (con un peso del 5%); insularidad y alejamiento (2% de peso adicional para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).