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Más de 675.000 conductores de Balears podrán beneficiarse hasta junio de la bonificación al consumo de combustible aprobada por el Gobierno

01/04/2022

El tope a la subida de los alquileres, otra de las medidas principales del Ejecutivo para hacer frente a esta crisis, repercutirá a un 28% aproximado de los hogares del archipiélago durante los próximos tres meses

Más de 675.000 conductores de Balears podrán beneficiarse de la bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta de los carburantes que contempla el Real Decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y que permitirá una rebaja de al menos 0,20 euros por litro o kilogramo de producto.

El descuento será aplicable entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año a la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo, los gases licuados para la propulsión de vehículos, el gas natural comprimido, el gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel y las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel, así como el aditivo AdBlue, y supondrá un impacto presupuestario de 1.423 millones de euros para el conjunto del país. Las estaciones de servicio podrán solicitar a partir de hoy, viernes, el anticipo para el descuento aplicable a los usuarios, mediante el formulario online que pone a su disposición la Agencia Tributaria en su página web (https://sede.agenciatributaria.gob.es), y la próxima semana se empezará a reintegrar el dinero. El importe del anticipo no podrá superar los dos millones de euros ni ser inferior a los 1.000 euros.

En Balears el consumo de gasolina el pasado mes de enero se situó un 18% por encima de la media registrada en el mismo período del año anterior. En conjunto, en el archipiélago se consumieron en torno a unas 50.000 toneladas de los distintos combustibles para automoción.

Además, más de 4.300 empresas de transportistas (incluidos los profesionales autónomos) tendrán acceso en Balears a las ayudas directas al sector, a las que se destinan un total de 450 millones de euros. El Gobierno de España, dentro del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, también ha aprobado un paquete de medidas por valor de 430 millones de euros en ayudas específicas al sector agrario y pesquero, entre ellas la exención de las tasas portuarias de la pesca fresca o el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social.

Estas medidas se suman a otras relacionadas con el consumo energético, como la prórroga de la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía o el mantenimiento del IVA de la luz en el tipo reducido del 10% y del Impuesto Especial sobre la Electricidad en el 0,5%, para abaratar el coste del recibo de la luz a particulares y empresas. El mismo paquete de iniciativas recoge el impulso a las fuentes renovables. Paralelamente el Gobierno de España concretará con la Comisión Europea la aplicación de su propuesta para establecer un precio de referencia del gas utilizado en la producción eléctrica.

Medidas sociales

Este plan de choque también incluye una serie de medidas para amortiguar el impacto social de la guerra en Ucrania sobre la economía española. Por una parte, se trata de paliar el efecto de la inflación sobre los hogares, con un refuerzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por el que los 12.493 beneficiarios actuales en las Islas, de los que casi 5.500 son menores de edad, aumentarán un 15% su retribución durante los tres próximos meses. El Gobierno estudia extender a este colectivo el Bono Social Eléctrico, que en este momento perciben unas 16.200 familias en el archipiélago, y al que destinará una partida adicional de 75 millones de euros para hacer frente a esta crisis.

Por otro lado, en torno a 128.200 hogares de Balears se verán beneficiados por la limitación del incremento de los alquileres a un máximo del 2% en las revisiones que se produzcan en el próximo trimestre. El archipiélago es la comunidad española con mayor proporción de viviendas alquiladas sobre el total, un 28%. Esta medida, aprobada el martes en Consejo de Ministros, evitará la aplicación del IPC en la actualización de las rentas por alquiler, al limitarse la subida a la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), con el objetivo de que la evolución experimentada por los precios en el contexto de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania no se traslade al coste del alquiler de la vivienda. De este modo, para un contrato de 600 euros mensuales, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros al mes.

La Delegada del Gobierno en Illes Balears, Aina Calvo, destaca que este programa de ayudas implementado por el Estado "permite reforzar nuestra estructura económica y, lo que es más importante, proteger a la población más vulnerable frente a la convulsión que sin duda supone la guerra en Ucrania para el conjunto de países de Europa". En el caso concreto del archipiélago, Calvo subraya la relevancia especial de estas medidas en un territorio marcado por la insularidad y su impacto en los costes empresariales y en el gasto de las familias. En este sentido, destaca aspectos como la prohibición de despidos a las empresas que reciban ayudas directas o que mantengan a trabajadores en ERTE con apoyo público o la agilización de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). "Es imprescindible que todos estemos en las mejores condiciones para responder a este nuevo desafío", asegura la Delegada.