Inici > Delegacions > Delegacions del Govern > Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears > Actualitat > Notes de premsa > Notas > 2021 > Octubre > Balears recibirá 680 millones de euros en recursos del Estado para inversiones, lo que sitúa la media por habitante por encima de la del conjunto del país
Delegacions
- Delegacions
- Què és l'Administració General de l'Estat al Territori?
- Normativa
- Delegacions del Govern
- Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma d’Andalusia
- Delegat del Govern
- Actualitat
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Subdelegació del Govern a Sevilla
- Subdelegació del Govern a Almeria
- Subdelegació del Govern a Cadis
- Subdelegació del Govern a Còrdova
- Subdelegació del Govern a Huelva
- Subdelegació del Govern a Jaén
- Subdelegació del Govern a Màlaga
- Subdelegació del Govern a Granada
Balears recibirá 680 millones de euros en recursos del Estado para inversiones, lo que sitúa la media por habitante por encima de la del conjunto del país
19/10/2021
Balears recibirá 680 millones de euros en recursos del Estado para inversiones, lo que sitúa la media por habitante por encima de la del conjunto del país
La Delegada, Aina Calvo, califica estas cuentas de “esperanzadoras” porque "miran al futuro" y contienen al mismo tiempo medidas con las que el Estado sigue protegiendo a las personas vulnerables, como los pensionistas o los trabajadores en ERTE
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 destina 680 millones de euros a inversiones del Gobierno central a Illes Balears, que representan un 34% más que los de este año y elevan la media por habitante hasta los 350 euros. La Delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha calificado las cuentas de “esperanzadoras” y ha destacado que “hacen justicia” porque incorporan nuevas medidas para avanzar en la compensación del hecho insular.
En concreto, los PGE 2022 contemplan para el archipiélago una partida de 183 millones de euros para el reconocimiento del Factor de Insularidad, que se suma a los 172 millones de inversión directa que el Estado ejecutará durante el próximo ejercicio en las infraestructuras de su titularidad. Las ayudas y subvenciones al transporte aéreo y marítimo supondrán un presupuesto de 268 millones de euros –una asignación que ha crecido cerca de un 83% en los últimos cuatro años-. Por otra parte, se prevén 2 millones de euros en regeneración de aguas y 4,5 millones de euros, en viviendas de alquiler, dentro del “Plan 20.000”. Illes Balears recibirán, además, 50 millones de euros de la Estrategia de Resiliencia Turística.
Por lo que respecta a las inversiones en infraestructuras estatales, destacan los 11,5 millones de euros del Plan “Crece” y una partida de más de 3 millones de euros en comunidades de regantes de Formentera, Mallorca y Menorca, así como la remodelación de la Estación Depuradora Palma II, con 1 millón de euros para el próximo ejercicio y las obras de reforma del Centro Penitenciario de Palma, con 2 millones de euros.
Según la Delegada, se trata de unos presupuestos que conceden “un protagonismo específico a los y las jóvenes”; “ellos son el futuro, y así queda reflejado en este proyecto”, a través de medidas como, por ejemplo, los 50 millones para facilitar el acceso a la vivienda de este colectivo. Aina Calvo también ha subrayado que se trata de unas cuentas que continúan protegiendo a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas: “el Estado está detrás de cada persona en ERTE en Illes Balears, de cada autónomo o fijo discontinuo que está cubierto por una prestación, y detrás, también, de cada vivienda social o cada bono social que se conceden”, ha dicho.
Por otro lado, Calvo afirma que, con estos presupuestos, el Estado “continúa haciendo justicia, al incorporar el Factor de la Insularidad y situar a Illes Balears por encima de la media nacional de inversión por habitante”. En este sentido ha añadido que esto “demuestra la sensibilidad del Gobierno central hacia las particularidades del archipiélago, tal y como lo ha hecho anteriormente en aspectos como la protección de los fijos-discontinuos”.
La Delegada del Gobierno ha destacado el “carácter esencial” de los Fondos Europeos para las inversiones en Balears, y ha recordado que este dinero se gestiona en colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. “Estos presupuestos son una declaración de intenciones, dónde este Gobierno reconoce una nueva forma de relación con los territorios, así como su diversidad y la confianza en la función de las administraciones, y por esto son unas cuentas que transmiten esperanza, confianza y seguridad”, ha dicho.
El año que viene llegarán a las islas 40 millones de euros de los fondos FEAGA y FEADER para el sector agrario, y se prevé que se ejecute el primer pago de los 485 millones de euros asignados al archipiélago dentro de los fondos FEDER y FSE+, para el nuevo marco 2021-2027.
Protección Social
Los PGE 2022 contemplan una partida histórica de más de 248 mil millones de euros en gasto social en España, con la inclusión de los fondos europeos, que supondrán más recursos para Sanidad, Educación y Dependencia. En el caso de las islas, esto se traducirá en la transferencia por parte del Estado de más de 45 millones para más de 28.000 personas dependientes. Para dar un impulso a la economía de cuidados, la CAIB recibirá del Estado 22 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que se sumarán más de 4 millones destinados al Plan Concertado de Servicios Sociales.
También se contempla la subida de un 3% del Ingreso Mínimo Vital, que beneficiará a más de 9.600 personas de la Comunidad Autónoma. Además, casi 16.000 hogares recibirán el Bono Social Térmico, que incrementa su cuantía hasta alcanzar los 157 millones de euros.
La lucha contra la violencia machista se verá reforzada con una subida del presupuesto de 29 millones de euros adicionales; dentro de este apartado destacan los 5,5 millones de euros para el plan “España te Protege”.
Por lo que respecta a la protección a los trabajadores, se destinan más de 820 millones de euros a aplicar la subida del SMI, a la extensión de los ERTE, la subida de la base reguladora del 50% hasta el 70% y la ampliación del período de protección para los parados afectados por la pandemia.