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Gobierno, UGT-A y CC.OO.-A afianzan su compromiso con la protección del empleo, las familias y el tejido productivo andaluz

15/12/2020

Recuerda además que la Junta de Andalucía cuenta desde noviembre con 2.199 millones para garantizar unos servicios públicos de calidad para los andaluces, como la sanidad, la educación y la actividad económica

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, se ha reunido hoy con las secretarias generales de UGT-A, Carmen Castilla, y con CC.OO.A, Nuria López, para analizar el impacto de las medidas implementadas desde el inicio de la pandemia por el Ejecutivo en acuerdo con los agentes sociales, tanto para la protección del empleo y de las familias como para el mantenimiento del tejido productivo andaluz, y todas han coincidido en afianzar su compromiso para seguir trabajando desde el diálogo por el futuro.

Sandra García ha hecho un recorrido por algunas de las ayudas económicas que “han venido directamente a las pymes y autónomos andaluces, como los 13.454,2 millones de euros en préstamos ICO que han permitido avalar una financiación total de 10.469,3 millones a 94.862 empresas. “Pretendemos reforzar las empresas para que ahora puedan cubrir sus necesidades y mantenerse y, en el momento en que superemos esta crisis, relancen sus negocios y recuperen el ritmo de crecimiento”, ha explicado.

También se ha referido a las medidas para el sostenimiento de las rentas de los trabajadores por cuenta propia y ajena, como los 61.349 prestaciones extraordinarias para autónomas, “prácticamente el 80% de las solicitadas”, ha dicho, y a los 90.153 asalariados andaluces que aún permanecen protegidos por ERTE, “una cifra que se ha reducido considerablemente desde el mes de abril, cuando superaban el millón de trabajadores”. En esta línea ha recordado que esta protección al trabajar permanecerá hasta el próximo 31 de enero, dando respuesta a la reivindicación planteada por los sindicatos.

En cuanto a la protección de las familias, Sandra García ha subrayado entre todas las medidas el Ingreso Mínimo Vital, “una herramienta fundamental para consolidar el Estado del Bienestar, de lucha contra la pobreza y de fomento de la inclusión social que han recibido por primera vez 46.591 hogares andaluces”. “Hay quien quiere generar dudas en torno a la efectividad del IMV, pero habría que recordarles que esta prestación no contributiva de la Seguridad Social lleva tan sólo medio año de recorrido y abarcará en España 850.000 hogares cuando esté totalmente desplegado, garantizando unos ingresos mínimos a quienes hasta el momento carecían de ellos”, ha aclarado la delegada.

A esta batería de medidas adoptada por el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis en las familias y hogares y en el tejido productivo, Sandra García ha sumado los 50 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 con los Andalucía volverá a contar para desarrollar un Plan Especial de Empleo, “unos que fondos adicionales que se ponen en manos de la Junta de Andalucía”, ha subrayado la delegada.

Inyección económica en Andalucía
Además, ha recordado que la Junta de Andalucía cuenta con 2.199 millones del fondo Covid entregados por el Gobierno de España para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria, pagos que comenzaron en julio, momento en el que le fueron entregados 597,6 millones de euros, y se completaron en septiembre (383,8 millones) y noviembre (1.218 millones).

“La inyección de liquidez del Gobierno de Pedro Sánchez a nuestra comunidad no tiene antecedentes y debe ir destinada a garantizar unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos, atendiendo al impacto que la COVID-19 ha tenido en la sanidad, la educación y en la actividad económica”, ha explicado la delegada, que ha planteado que “a partir de ahora, y con unos fondos que no hay que devolver, es la comunidad autónoma la responsable de la buena gestión y de que los objetivos a los que están destinados dichos fondos sean apreciables por los andaluces”.