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Crespo destaca que el Gobierno refuerza la protección de los menores víctimas de violencia de género con medidas “pioneras”

29/04/2014

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, acompañada de la coordinadora regional de Violencia de Género contra la Mujer, Ángeles Carmona, ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros, que el pasado viernes aprobó la reforma de la legislación de protección de la infancia, con medidas que aumentan la protección de los menores en situaciones de violencia de género o ante casos de abusos sexuales.

En virtud de este nuevo marco jurídico que proporcionan los Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia, se hace efectiva la consideración de los menores que son víctimas de violencia de género como víctimas directas, gracias a la modificación del artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

A este respecto, la delegada ha señalado que “la asistencia y el refuerzo de las medidas de protección para estas víctimas es una prioridad absoluta para el Gobierno de España”. Además, ha destacado “la sensibilidad” demostrada por parte del Ejecutivo Central con los hijos menores de las víctimas de violencia de género, poniendo en marcha medidas de protección y apoyo “pioneras” destinadas a paliar las “terribles consecuencias de los casos de violencia de género”.

Menores huérfanos y fallecidos

En este sentido, Crespo ha recordado que las estadísticas sobre violencia de género ya recogen desde 2013 la cifra de menores huérfanos por esta causa y los casos de menores fallecidos.

El pasado año 2013 cerró con un total de 10 mujeres muertas, tres menores huérfanos y dos menores víctimas de la violencia de género en la comunidad autónoma andaluza. En España, en ese mismo periodo, fueron 42 los menores que quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia de género, mientras que seis menores fallecieron. En lo que va de 2014, 12 menores se han quedado huérfanos en España.

El primero de los casos en los que falleció un menor en Andalucía se registró en la localidad malagueña de Campillos (Málaga), en abril de 2013, cuando un hombre causó, presuntamente, la muerte de su hija de seis años aprovechando el régimen de visitas que tenía concedido. Posteriormente, el presunto autor del homicidio se quitó la vida. Sería la primera vez que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género considera víctima directa de un caso de violencia de género a un hijo menor de edad.

El segundo de los casos se registró en Málaga, en septiembre de 2013, cuando una mujer resultó apuñalada por su ex pareja, mientras que el hijo que tenían en común, de 7 años de edad, fue asfixiado por el mismo. Ambas agresiones se produjeron en el domicilio de la víctima. En esta ocasión, tampoco existía denuncia previa y el presunto agresor tenía antecedentes penales.

Crespo ha subrayado que La Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, aprobada por el Gobierno en 2013, establece, además, mecanismos de coordinación de los recursos del Estado y la CC.AA. para garantizar la asistencia integral de los huérfanos por violencia de género.

Además de las “trágicas muertes”, la delegada ha recordado que en casi un 65% de los casos los menores conviven con las madres víctimas de la violencia de género y, “de este porcentaje, un preocupante 54,7 por ciento asegura que sus hijos han sufrido maltrato”, por lo que ha insistido en las “terribles consecuencias de los casos de violencia de género” en la infancia, pues “un menor sólo por ser testigo de hechos agresivos puede sufrir secuelas psicológicas de por vida”.

Medidas cautelares

Por otro lado, tras la reunión que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantuvo con sus homólogos de Justicia e Interior hace pocas semanas, los jueces tendrán a partir de ahora la obligación de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a los hijos de mujeres maltratadas con el fin de garantizar su protección. Para los menores que sufren también violencia de género, la reforma establece que se procurará que estos niños permanezcan con sus madres, independientemente de la edad.

En 2013, como ha señalado Ángeles Carmona, ya aumentaron “considerablemente” la adopción de medidas civiles de protección de los menores, a petición de fiscales y acusación particular, como la suspensión del régimen de visitas (174 en 2013 frente a las 168 de 2012), la suspensión de la patria potestad (18 en 2013 frente a las 3 de 2012) o de medidas dirigidas a proteger la integridad del menor para evitarle un perjuicio (30 en 2013 frente a 17 en 2012). De esta forma, como ha destacado la delegada, “se va a institucionalizar una necesidad que ya había sido constatada”.

Por otro lado, Carmona ha destacado que en colaboración con otras instituciones, en este caso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se fomentará la formación de jueces y fiscales en materia de violencia de género y se especializarán nuevos juzgados de lo penal en violencia sobre la mujer.

Violencia de género en la adolescencia

Además, en 2013 hubo 100 mujeres menores de edad que solicitaron órdenes de protección en Andalucía, de ellas 73 españolas y 37 extranjeras. A este respecto, la delegada ha explicado que diferentes encuestas y estudios acreditan, que la población adolescente resulta ser “un colectivo especialmente vulnerable” frente a la violencia de género.

De hecho, más del 20% de los adolescentes justifica en cierta medida la violencia como reacción a una agresión, según el estudio ‘Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia’ realizado por Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la Universidad Complutense (año 2011). El 3,43% de las adolescentes entrevistadas reconocen que les han pegado sus parejas, el 4,64% reconoce que se ha sentido obligada a conductas de tipo sexual en las que no quería participar y el 6,52% ha recibido mensajes a través de Internet o de teléfono móvil en lo que le insultaban, amenazaban, ofendían o asustaban.

Ante esta situación, el Gobierno está promoviendo la nueva reforma del Código Penal, que contempla nuevos tipos de delitos vinculados con los menores en la red, como el ciberacoso o la usurpación de la personalidad en las redes y el hostigamiento, que puede producirse mediante amenazas, injurias o coacciones a través de mensajes de whatsapp o grabaciones humillantes realizadas con el móvil.

Por otro lado, se han reforzado los mecanismos de prevención y formación, como se manifiesta en “la importancia” que, según la delegada, se le está concediendo al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, que este curso llegará a 2.400 centros escolares andaluces.

La delegada ha adelantado que a través de este plan se impartirán charlas informativas para “concienciar, formar y educar en la tolerancia y la convivencia”, que abordarán distintos aspectos como las redes sociales, el acoso escolar, las drogas y el alcohol, la violencia de género y las bandas juveniles.

Pese a ello, Crespo ha subrayado que “aún queda mucho por avanzar en el ámbito de la sensibilización”, al tiempo que ha insitido en la necesidad de seguir el camino del “esfuerzo común” para “visibilizar la violencia de género” y “sensibilizar a las víctimas y allegados” sobre la importancia de la prevención.

En este sentido, la delegada ha agradecido “la gran labor de prevención, que están realizando, como nunca antes”, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus unidades especializadas en Andalucía, así como las unidades de coordinación de violencia de género de las ocho provincias andaluzas de cara a “la sensibilización de la población más joven” pues “educar en igualdad constituye la base para la erradicación de la violencia”.