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El Gobierno destina 3 millones a Andalucía para Formación Profesional

11/12/2012

Andalucía recibirá más de 3 millones de euros destinados a la mejora en la formación profesional y al reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral. Esta cantidad, aprobada en el último Consejo de Ministros, formaliza los criterios de distribución acordados en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada los días 24 de mayo y 18 de julio de 2012.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo ha explicado que “la cantidad asignada será distribuida en dos líneas de actuación, una para la mejora en la acreditación de competencias profesionales y otra relacionada con la calidad de la formación profesional.” La delegada ha recordado que la formación profesional es “una prioridad para el Gobierno de la nación” y la califica como “una herramienta efectiva para combatir el desempleo juvenil, que se sitúa en Andalucía por encima del 50 por ciento”.

Crespo ha celebrado la llegada de estos 3.081.220 euros a la comunidad autónoma andaluza y ha afirmado que se trata de “la más beneficiada” por la distribución de estos fondos, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En concreto, 747.966 euros serán destinados a dar continuidad, con la periodicidad que se determine, a las convocatorias de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.

Por otro parte, se destina un total de 2.333.254 euros para el desarrollo de programas de calidad en Formación Profesional. En este caso, el reparto ha sido asignado específicamente a la promoción y difusión de los campeonatos de Formación Profesional (Skills). Estos campeonatos, coordinados por el Ministerio de Educación junto con las comunidades autónomas, se celebran en distintas disciplinas durante el periodo de formación y en ellos, los alumnos pueden competir a nivel regional, estatal e incluso europeo.

La distribución de los fondos de mejora de la FP se realiza con criterios de proporcionalidad, atendiendo al número de habitantes de entre 25 y 64 años de edad susceptible de concurrir al procedimiento de evaluación de las competencias profesionales. Asimismo, se ha tenido en cuenta el número de alumnos escolarizados en Formación Profesional y en Programas de Cualificación Profesional Inicial en cada comunidad autónoma.