El Gobierno traspasa a la Generalitat de Cataluña la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
25/02/2010
Comisión Mixta de Transferencias
- Cataluña es la primera comunidad autónoma que recibe este traspaso, que se deriva del desarrollo de su nuevo Estatuto de Autonomía
- También se ha aprobado una ampliación de medios en materia de administración de Justicia
El Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña, presidido por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, junto al consejero catalán de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, ha aprobado hoy el traspaso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y una ampliación de medios en materia de administración de Justicia.
Tras el acuerdo alcanzado hoy, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma que recibe este traspaso, vinculado al desarrollo de su nuevo Estatuto de Autonomía y negociado en el seno de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Hasta el momento, las funciones inspectoras que ejercía la administración autonómica se realizaban mediante acuerdos de colaboración con el Ministerio de Trabajo.
El acuerdo tendrá un coste efectivo de 11,9 millones de euros y supondrá el traspaso a la Generalitat de Cataluña de 249 puestos de trabajo (93 del Cupero de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 55 del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social y 89 funcionarios y 12 laborales.
A partir del próximo lunes 1 de marzo, la Generalitat ejercerá la función inspectora sobre cuestiones como la vigilancia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el contenido normativo de los convenios colectivos. También la asistencia técnica a empresas y trabajadores, a órganos de las administraciones públicas sobre la aplicación de normas de orden social o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas; la emisión de los informes que le soliciten los órganos judiciales; así como el arbitraje, la conciliación y la mediación en conflictos laborales en que se le solicite.
También se traspasan a la Generalitat las funciones y los servicios que ejercía el Estado en Cataluña en relación con los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, que pasan a depender orgánica y funcionalmente de la administración autonómica.
CONSORCIO PARITARIO
El acuerdo de traspaso incluye también la colaboración entre la administración estatal y autonómica para los procesos de selección de nuevos inspectores, así como en materia de formación, perfeccionamiento, especialización y provisión de puestos de trabajo. Dicha colaboración tiene como premisa ineludible la garantía de los principios de ingreso y convocatoria únicos de estos cuerpos; así como la movilidad entre administraciones.
Para garantizar la prestación coordinada de los servicios de Inspección, se prevé la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones para la creación del Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña. Al efecto, se establecerá una oficina unificada con una gestión, servicios administrativos y de atención a la ciudadanía comunes y con recursos compartidos. La constitución de este Consorcio se producirá antes del próximo 1 de mayo. La dirección y administración del Consorcio se ejercerá por un órgano colegiado de gobierno, con composición paritaria de ambas administraciones.
La Comisión Mixta de Transferencias también ha acordado una ampliación de medios en materia de Administración de Justicia, con los que se financiará la creación de nuevos órganos jurisdiccionales durante la programación correspondiente a 2009, según el sistema aplicable sólo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya que la creación de nuevos órganos judiciales en Cataluña cuyas inversiones nuevas no se contemplaron en el momento de aprobación del Real Decreto 966/1990, de 20 de julio. Tendrá un coste efectivo de 1,55 millones de euros yla entrega, por una sola vez, de 6,54 millones.
Los órganos financiados por esta ampliación de medios serán: 10 juzgados de Primera Instancia, 4 de lo Penal, 1 de Vigilancia Penitenciaria, 3 juzgados de Violencia sobre la Mujer y 1 de lo Social, así como una sección de la Audiencia Provincial de Barcelona.