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Delegación del Gobierno desmiente que el Gobierno de España haya decidido recurrir al Constitucional la Ley de Protección Animal del Gobierno de La Rioja.

Delegación del Gobierno desmiente que el Gobierno de España haya decidido recurrir al Constitucional la Ley de Protección Animal del Gobierno de La Rioja.

<br/> Delegación del Gobierno desmiente que el Gobierno de España haya decidido recurrir al Constitucional la Ley de Protección Animal del Gobierno de La Rioja.<br/>

14/02/2019

- Bien al contrario, El Ministerio de Política Territorial y Función Pública quiere evitar, precisamente, el recurso de inconstitucionalidad con la búsqueda de soluciones mediante la colaboración entre administraciones, prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
- El presidente del Gobierno de La Rioja confunde o desconoce el sentido en el que se expresa el Gobierno de España que no es otro que el de pedir la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de La Rioja, para resolver conflictos competenciales.

En relación a las declaraciones realizadas esta mañana por el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, durante su comparecencia en el Parlamento, esta Delegación del Gobierno aclara que no es cierto que el Gobierno de España haya planteado recurrir al Constitucional la Ley de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Se trata de una carta remitida por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, en la que se plantean, en relación a algunos de los puntos contemplados en la ley, una serie de discrepancias a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esas discrepancias se refieren a cuestiones de forma, nunca de fondo, basadas en un informe jurídico en relación a cuestiones competenciales.

En este sentido, lo que hace el Gobierno de España es requerir al Gobierno de La Rioja para convocar la Comisión Bilateral entre ambas administraciones, a fin de encontrar una solución consensuada y depurar las discrepancias de la Ley con el objetivo de evitar, precisamente, el recurso de inconstitucionalidad.