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Carmen Crespo afirma que el Gobierno está abierto al diálogo permanente con el Reino Unido

06/08/2013

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha reiterado hoy que el Gobierno de España tiene “el derecho y la obligación de realizar controles en la Verja contra el tráfico ilícito en la frontera, dado que Gibraltar no se encuentra dentro del espacio Schengen” y ha afirmado que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy “está abierto al diálogo permanente con el Reino Unido para resolver las cuestiones pendientes”. Crespo también ha lamentado la actuación de las autoridades de la Roca al arrojar bloques de hormingón al mar lo que, según ha explicado, “ha producido un grave daño medioambiental en aguas territoriales españolas”.

La delegada ha recordado que Reino Unido no se adhirió al Tratado Schengen sobre la libre circulación de bienes y personas en el seno de la UE y que, por tanto, “España está obligada a controlar el tráfico de personas y mercancías con la Roca”. A este respecto, ha defendido la “proporcionalidad” de los controles realizados en la frontera en relación con la dimensión de los tráficos ilícitos y ha recordado que “el contrabando de tabaco se incrementó entre 2010 y 2012 en un 213 por cien”.

Crespo ha pedido a los alcaldes de las localidades del campo de Gibraltar “comprensión” y que entiendan que “España no puede hacer dejación de sus derechos ni de sus obligaciones internacionales, derivadas de sus responsabilidades dentro de la Unión Europea”.

Daño medioambiental y a la flota española

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha lamentado el grave prejuicio medioambiental causado por los 70 bloques de hormigón arrojados por Gibraltar en aguas territoriales españolas, que “atentan contra el medio ambiente y contra los intereses de los pescadores españoles que han visto mermadas sus posibilidades de trabajo”.

Según ha explicado Carmen Crespo, los lanzamientos de bloques de hormigón pueden suponer una violación del Derecho Internacional del Derecho de la UE y sus normas medioambientales y, acaso, del Derecho penal español como posible delito medioambiental. Además, atentan contra el medio ambiente y contra la actividad pesquera de la flota española.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de España está actuando en defensa de sus pescadores “en aguas que, según en tratado de Utrech, son españolas”, por ello, ha pedido a los trabajadores españoles que se están viendo afectados por las colas para acceder al Peñón “solidaridad y paciencia” porque, según ha afirmado, “hoy les ha tocado a los pescadores, pero mañana pueden ser otros”.

Por último, Crespo ha insistido en el Gobierno apuesta por el respeto a la legislación internacional, europea y nacional y ha asegurado que habrá diálogo “de Estado a Estado” para encontrar una solución.