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La Ley de Costas preservará la actividad de instalaciones turísticas que generan 30.000 empleos directos en Andalucía

10/05/2013

La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada ayer en el Congreso, permitirá preservar la actividad de instalaciones turísticas que generan unos 30.000 empleos directos en Andalucía y facturan en torno a los 350 millones de euros anuales. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que ha destacado “la necesidad fundamental de conciliar la sostenibilidad de nuestras costas y la protección de nuestros espacios naturales con el crecimiento económico y el mantenimiento de la actividad del sector turístico”.

Según Crespo, esta conciliación es especialmente necesaria en Andalucía, con 500 kilómetros de litoral y cinco provincias costeras, donde “el sector turístico es uno de los motores de nuestra economía”. Así, la nueva Ley de Costas permitirá evitar que desaparezcan 4.604 viviendas en el litoral andaluz y más de 9.670 instalaciones turísticas, entre las que habría que contabilizar hoteles, restaurantes y chiringuitos.

La nueva ley proporciona, además, instrumentos “potentes”, según Crespo, “para evitar las barbaridades urbanísticas que se hicieron al amparo de la ley de 1988”, a la que sustituye, con ejemplos “tan claros” como el del Algarrobico. A este respecto, la nueva ley atribuye competencias a los delegados del Gobierno, que podrán suspender cautelarmente las obras que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección que vulneren la Ley de Costas.

Por otro lado, la delegada ha explicado que la incidencia de la nueva Ley de Costas en el litoral andaluz redundará en la protección del litoral, mediante la preservación de playas vírgenes, la prohibición de nuevas edificaciones y el mantenimiento de la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros, entre otros aspectos, así como la mejora de la seguridad jurídica para los propietarios de viviendas y la protección de instalaciones industriales y turísticas.

Prohibición de nuevas edificaciones. Se mantiene la prohibición de edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

Se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros.
La reducción de la servidumbre a 20 metros sólo afectará a lo construido antes de 1998 que tuviera un carácter urbano. Una importante novedad es que se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. De esta forma, como ha indicado Crespo, “se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa”.

Viviendas que se salvan del dominio público terrestre. La Ley excluye núcleos de población del domino público al considerarlos innecesarios para la protección de la costa, algo que ya se prevé en la Ley de 1988 a través de la desafectación. Se trata de terrenos antropizados (habitados y consolidados) desde antes de 1988. En Andalucía, se beneficiarán de esta medida 3.604 viviendas, con una estimación de 14.416 ocupantes.

Viviendas que se benefician de la exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo Terrestre. Algunos terrenos de núcleos urbanos quedarán excluidos del dominio público de manera excepcional. En territorio nacional afectará a 12 núcleos, que en Andalucía se traducen en 1.000 viviendas, principalmente en núcleos de población de Huelva (en Punta Umbría e Isla Cristina) y Málaga (en Pedregalejo y El Palo), cuyas reivindicaciones se remontan a hace más de 25 años.

Mejora de la seguridad jurídica y recuperación de la titularidad de la vivienda. La reforma obliga a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde. Esta medida, según ha indicado Crespo, había sido reclamada por el Parlamento Europeo, que ha felicitado al Gobierno por la iniciativa.

Viviendas situadas en zonas de servidumbre de protección. Todas estas viviendas, que durante 25 años tuvieron prohibiciones de obras conforme a la Ley de Costas de1988, se benefician de la nueva Ley, que permite mejorar y modernizar las viviendas, prohibiendo, en todo caso, en las obras de mejora un aumento de volumen, altura o superficie y evitando la degradación ambiental. En Andalucía se beneficiarán de esta medida 25.000 viviendas, con una estimación de 100.000 ocupantes.

Protección de instalaciones industriales y turísticas. La Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre. Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión. Y se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Además, se restringirán más en las playas naturales. Asimismo, la ley permitirá preservar un total de 970 instalaciones industriales y turísticas en Andalucía, de ellas 863 restaurantes y chiringuitos y 109 hoteles, que generan unos 30.000 empleos directos y una importante cantidad de empleos indirectos y que facturan en torno a 350 millones de euros.

Salinas y establecimiento de cultivos marinos. La nueva ley planea devolver la propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de Costas de 1988. Se trata, según la delegada, de “actividades beneficiosas cuya desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral”. En Andalucía destacan las salinas de Cádiz, la provincia con mayor número de todo el litoral, y Almería, principalmente Cabo de Gata y Punta Entinas-Sabinar.