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Denis Itxaso: “El centro de Vitoria responde al modelo europeo de acogida solidaria e integradora a los refugiados”
19/01/2023
- La construcción del centro de acogida para refugiados forma parte del Plan Estratégico del Ministerio de Inclusión para el incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida a los solicitantes de asilo
- El proyecto ha venido precedido de un diálogo con las administraciones vascas
- El centro pondrá de nuevo en funcionamiento una infraestructura importante de la Seguridad Social que estaba sin uso desde hace una década y tendrá un impacto económico y social favorable
- El Delegado del Gobierno no comprende la posición de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco y advierte del riesgo de abonar determinados discursos de rechazo en una materia sensible que afortunadamente en Euskadi cuenta con gran apoyo social. Pide no usar este debate como munición electoral ni mezclarlo con el proceso de transferencia de competencias.
- Itxaso aboga por “retomar la cooperación y la comunicación que han dado muy buenos resultados en una materia especialmente sensible y de interés humanitario”
El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha defendido la implantación del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) que se va a levantar en Vitoria-Gasteiz porque “responde al modelo europeo de acogida solidaria e integradora a los refugiados”. Durante un encuentro con los medios de comunicación, Itxaso ha lamentado el lenguaje que han venido utilizando los últimos días diferentes dirigentes institucionales para referirse al proyecto y ha abogado por “retomar la cooperación y la comunicación que han dado muy buenos resultados en una materia especialmente sensible y de interés humanitario”. Según el delegado, términos empleados para referirse al proyecto como ‘macrocentro’, ‘guetización’ o ‘repositorio de personas’ pueden “deteriorar la convivencia y no responden a la realidad del sistema de acogida, reconocido por la European Union Agency for Asylum (EUAA), ni a sus proyectos futuros”. Además, “ensombrecen la modélica solidaridad desplegada por la sociedad española, y vasca, ante fenómenos como la llegada de refugiados de Ucrania”.
Itxaso no comprende la oposición que ha mostrado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, y ha advertido sobre “el riesgo de abonar determinados discursos de rechazo en una materia sensible que afortunadamente en Euskadi cuenta con gran apoyo social. No hay que usar este debate como munición electoral ni mezclarlo con el proceso de transferencia de competencias”.
En esta línea, ha subrayado que conceptos como ‘macrocentro’ o ‘repositorio’ contrastan con un proyecto en el que las plazas máximas son 350, pensadas para atender a familias, atendidas por profesionales capacitados, y con instalaciones para formación, deportivas y de alojamiento dotadas con todos los servicios de los recursos del Sistema de Acogida: asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación y formación para el empleo, etc.
El delegado del Gobierno ha recordado que las competencias en materia migratoria son estatales, como corresponde con un fenómeno en el que las políticas han de alinearse con otros estados de la Unión Europea y que el proyecto de Vitoria “ha venido precedido de un diálogo con las administraciones vascas”.
El centro (que se construirá en la antigua clínica Arana) está incluido en el Plan Estratégico del Ministerio de Inclusión para el incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida. Este plan contempla la creación de plazas de acogida en centros propios, gestionados públicamente, para reforzar un sistema de acogida que ha vivido un aumento notable de la demanda con las crisis internacionales en Siria, Afganistán y Ucrania, entre otros lugares.
Los nuevos centros que se van a construir están distribuidos por distintos puntos del territorio nacional: 7 centros de primeras llegadas (Canarias) y 10 centros en la península: 8 CAPI (entre los que se encuentra el de Vitoria-Gasteiz) y 2 centros de primeras llegadas. Todos los centros están financiados con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y tienen como principio de actuación fomentar el proceso de integración gradual y autonomía de los beneficiarios, mediante el diseño de un itinerario individualizado y promoviendo la participación de las personas destinatarias en su elaboración.
Atención personalizada
El modelo nacional del sistema de acogida es de atención personalizada. En los recursos del sistema se realiza desde el primer momento un diagnóstico individualizado de la situación socio-laboral de los beneficiarios. El proceso, en el que se involucra a la persona, lo lleva a cabo un equipo multidisciplinar con enfoque integral. El equipo decide qué prestaciones o servicios del sistema se facilitan a las personas atendidas en función de sus necesidades y de la evolución de su proceso de adquisición de autonomía. Esta metodología genera un vínculo entre los usuarios y los profesionales que se mantiene a lo largo de todo el itinerario.
Los nuevos centros contribuirán a constituir un Sistema Nacional de Acogida “sólido”, subraya Itxaso. Un sistema destinado a suprimir las listas de espera, adaptar las prestaciones en función de la vulnerabilidad y maximizar la capacidad de inclusión de los itinerarios de acompañamiento implementados por las comunidades autónomas. “Los estándares de calidad y servicios”, ha precisado Itxaso, “son los establecidos para todos los recursos del Sistema Estatal de acogida, superiores a los estándares europeos de la Directiva de Acogida, y son permanentemente evaluados por instituciones nacionales e internacionales.
Para decidir la distribución de los centros en el conjunto del país se han tenido en cuenta diversos criterios como la llegada de personas, la cobertura territorial, las infraestructuras disponibles, el acceso a servicios públicos etc. Una vez culminado el despliegue de este conjunto de centros se logrará la ampliación del número de plazas propias del Sistema Estatal de Acogida a personas refugiadas pasando de las 400 plazas propias actuales a 6.100 a diciembre de 2024, según el compromiso adquirido con la Unión Europea.
El edificio de la antigua residencia Arana que albergará el Centro de Acogida de Protección Internacional es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social por lo que tras la oportuna reforma se pondrá en funcionamiento una infraestructura importante que estaba sin uso desde hace una década. “Tendrá un impacto económico y social favorable”, apunta el delegado.
El presupuesto para los trabajos es de 14,1 millones de euros y está previsto que comiencen en el mes de julio. El objetivo es inaugurar el CAPI tras 16 meses de obras.