Inici > Delegacions > Delegacions del Govern > Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa > Actualitat > Notes de premsa > Notas > 2024 > Julio > Milagros Tolón felicita a la Guardia Civil por la detención de una banda criminal de explotación laboral a personas extranjeras que operaba en la provincia de Albacete

Milagros Tolón felicita a la Guardia Civil por la detención de una banda criminal de explotación laboral a personas extranjeras que operaba en la provincia de Albacete

03/07/2024

•Los presuntos autores se servían de engaños para el cobro de comisiones ilícitas a los migrantes. Hay 13 personas detenidas.

•Las personas afectadas han sido reubicadas en empresas que sí cumplen con los preceptos legales de la contratación en origen.

Albacete. La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha informado este miércoles en rueda de prensa, junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo, de una operación de la Benemérita que ha permitido desarticular una organización criminal que practicaba amaños en contingentes de personas extranjeras con posterior explotación laboral y que se ha saldado con la detención de 13 personas.

La organización desmantelada se dedicaba al favorecimiento de la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen, así como de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.

Con la desarticulación de esta organización criminal, la Guardia Civil ha constatado el presunto cobro de comisiones ilícitas a migrantes-trabajadores de contingentes de Senegal y Marruecos y su posterior explotación laboral en una empresa agrícola de Hellín (Albacete), además de otras actividades que daban cobertura tanto a la explotación laboral como a diversos fraudes en subvenciones y a seguros agrarios.

“Se ha desarticulado una banda criminal que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad, desconocimiento del idioma y de las ilusiones de personas que vinieron a España engañadas en busca de una vida mejor”, ha señalado la delegada del Gobierno, quien ha añadido que no sólo esquilmaron a las víctimas los pocos recursos de que disponían, “una vez aquí eran tratados sin ningún tipo de humanidad y obligados a trabajar y a alojarse en condiciones deplorables”.

Milagros Tolón ha dado la enhorabuena a la Guardia Civil por esta operación “que persigue a aquellos que tratan a los seres humanos como un negocio o como una mercancía”, una felicitación que ha hecho extensiva a la Subdelegación del Gobierno, Inspección de Trabajo, Seguridad Social y miembros del sindicato UGT que han colaborado en esclarecer los hechos y atender a las víctimas procurándoles mejores condiciones de trabajo y de alojamiento.

GECCO

Milagros Tolón ha explicado que la trama se valía de una aplicación irregular de la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO). Se trata de un sistema de autorización de residencia y trabajo de carácter temporal que se concede a ciudadanos extranjeros que no residan en España para actividades de temporada, con una duración máxima de nueve meses. El empresario asume todos los gastos de transporte, alojamiento, manutención y asistencia sanitaria, y por ello puede optar a diferentes ayudas o subvenciones del Estado.

“La organización se servía de esta herramienta para prometer vivienda, trabajo y regularización administrativa de las personas que captaban en los países de origen”, ha explicado la delegada del Gobierno, quien ha señalado que las personas afectadas han sido distribuidas en otras empresas que cumplen con las condiciones legales del sistema de contratación en origen.

rimeras indagaciones

El coronel de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo, ha explicado que los investigadores detectaron indicios de posibles irregularidades en la gestión del GECCO de una empresa agrícola y las primeras indagaciones dieron como resultado la posibilidad de que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estuviera amañado y que los seleccionados hubiesen pagado entre 4.000 y 6.000 €.

Una vez aquí si la persona no quería cumplir el contrato o no regresar a su país, se convertía en inmigrante irregular y la organización le ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa, cobrando entre 4.000 y 12.000€, en un proceso que se aprovecha de la legalidad para introducir personas de forma ilícita, habiéndose detectado más de 300 posibles casos en los últimos 3 años.

Para aquellos que sí querían trabajar, comenzaba la explotación laboral y vital, puesto que la organización aprovechaba su extrema situación de vulnerabilidad para obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina quedando el salario en apenas 200 euros mensuales. Así mismo, les obligaban a firmar documentos desconociendo completamente su contenido e incluso a contratar servicios bancarios o de telefonía para así ellos obtener comisiones.

Por otra parte, la organización también hacía negocio con los alojamientos de estos contingentes, alquilando instalaciones hoteleras o grandes fincas con alta capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios de cara a obtener mayores subvenciones públicas.

La organización criminal tenía un marcado carácter multidelincuencial y contaba con una amplia estructura con funciones diferenciadas, contando con asesoramiento jurídico, captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, mientras los cabecillas también ejercían de “facilitadores” en tales países a través de una intachable reputación ante las autoridades públicas.

Registros y efectos intervenidos

En la primera fase de esta operación policial se han realizado tres registros en la localidad de Hellín (Albacete), y otro en Alhama de Murcia (Murcia), donde se ha incautado abundante documentación, material informático y tecnológico, así como productos financieros entre los que destacan el bloqueo de 15 cuentas bancarias.

Explotación laboral

En una 2ª fase de la operación, la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete realizaron una inspección conjunta tanto en la empresa como en los alojamientos, la cual puso de manifiesto evidentes indicios de una gravísima explotación laboral y de conculcación de todos los derechos básicos de cualquier trabajador.

Durante la inspección y en las entrevistas mantenidas con los inmigrantes, se pudieron constatar los cobros indebidos, el aislamiento y las pésimas e incluso insalubres condiciones de vida en los alojamientos, que alcanzaba hasta la falta de alimentos.

Tras ser informada la Subdelegación del Gobierno en Albacete de tal situación, ésta articuló un procedimiento de urgencia para satisfacer sus necesidades básicas en el que llegó a participar la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas para la promoción de la migración que colabora con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En las ulteriores fases de la operación, se investigan contratos y expedientes de arraigo a inmigrantes irregulares en diferentes provincias en colaboración con la Subdelegación del Gobierno de Albacete. De igual manera y de la mano de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se investigan contratos fraudulentos a personas en situación irregular en España.

Por otra parte, ha sido de vital importancia la colaboración de la Subdelegación del Gobierno y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete. Así mismo, también se ha contado con intermediadores culturales de sindicatos de trabajadores de la provincia de Albacete, como es el caso, entre otros, de UGT.

Diligencias instruidas

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la localidad albacetense de Hellín que ha centralizado las actuaciones.

En la rueda de prensa también han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y el teniente coronel de la Guardia Civil de Albacete Marcos Gómez.