El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional el Decreto-ley de la Comunidad Valenciana que permite el derribo del Cabanyal
29/01/2010
El Gobierno entiende que la normativa valenciana menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado y no justifica la existencia de una urgente necesidad
El Consejo de Ministros ha acordado hoy, a propuesta del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 1/2010 de la Comunitat Valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, que permite el derribo del barrio del Cabanyal, solicitando además su suspensión.
El Gobierno entiende que el decreto ley menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado. Además, no justifica la existencia de una “extraordinaria y urgente necesidad” que exige la Constitución en estos casos. Igualmente, esta normativa convalida una actuación administrativa anterior -el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI)- con carácter retroactivo por lo que se considera que infringe, asimismo, las exigencias de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, proporción exigidos constitucionalmente.
CONJUNTO HISTÓRICO
El barrio del Cabanyal tiene la consideración legal de Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, declarado en 1993 por decreto del Gobierno Valenciano. Posteriormente, el PEPRI perseguía la revitalización de los barrios del Cabanyal-Canyamelar y establecía la conexión de la Avenida de Blasco Ibáñez con el frente marino de la ciudad de Valencia.
El Ministerio de Cultura consideró el pasado mes de diciembre que el proceso de urbanización que prevé el PEPRI no debería realizarse al entender que constituye un supuesto de expolio del Patrimonio Histórico Español y requirió la inmediata suspensión de todas las actuaciones relacionadas con él.
La Generalitat aprobó el Decreto-ley 1/2010 que se justifica en la competencia que le atribuye su Estatuto de Autonomía en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone la Constitución Española al respecto.