El Gobierno retira cinco recursos contra normas autonómicas
28/05/2004
El objetivo es reducir la alta litigiosidad acumulada
Se trata de la plasmación de la intención del Gobierno de reducir la litigiosidad acumulada entre el Estado y las comunidades autónomas en los últimos años en un nuevo marco de cooperación y normalidad institucional entre las Administraciones.
En la actualidad, existen 298 recursos entre las Administraciones central y autonómicas acumulados en los últimos años. El propósito del Gobierno es reducir al máximo posible este alto nivel de contenciosos. En esta nueva etapa, el propósito es que se produzca un importante número de retiradas de recursos a través de la tramitación correspondiente en los órganos bilaterales existentes entre el Estado y las CC. AA.
El Consejo de Ministros ya retiró dos recursos de inconstitucionalidad contra sendas normas de los gobiernos del Principado de Asturias y Andalucía el pasado 30 de abril.
Los asuntos afectados por la decisión de hoy son:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Se desiste del conflicto positivo de competencias contra el Decreto del Gobierno Vasco 237/2000, que regulaba una oficina pública, un Comité y la inspección de elecciones sindicales..
Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente
Se desiste del conflicto positivo de competencias contra el Acuerdo de la Junta de Andalucía, de 29 de diciembre de 1998, por el que se aprobó la formulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Isla de Alborán.
Ministerio de Economía y Hacienda
Se retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Junta de Andalucía 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Se desiste del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre de la Carta Municipal de Barcelona.
Finalmente, el Consejo ha aprobado el desistimiento del conflicto positivo de competencias contra el Decreto de Castilla-La Mancha 54/2000, de 21 de marzo, sobre régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres.