El Ministerio de Administraciones Públicas manifiesta que el Estatuto del Empleado Público no reduce
los controles y las garantías
de los ayuntamientos
20/03/2007
Ante los intentos de algunos colectivos minoritarios de deformar el contenido y los objetivos del Estatuto Básico del Empleado Público, el Ministerio de Administraciones Públicas desea hacer las siguientes precisiones:
El Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no cambia ninguna de las normas existentes sobre los métodos de control, intervención y gestión de los ayuntamientos. En concreto, en cuanto al nombramiento de los secretarios e interventores de las corporaciones locales, el texto mantiene la actual regulación contenida en la denominada Ley de Grandes Ciudades, aprobada en 2003.
Para aclarar cuantas dudas puedan surgir, el Grupo Socialista en el Senado ha presentado una enmienda por la que se limita a los grandes ayuntamientos y diputaciones la posibilidad de nombramiento por libre designación en estos puestos, y como en todos los casos, entre funcionarios que hayan ganado su plaza por oposición. Es la misma situación que se recoge en el vigente artículo 121 de la ley de Grandes Ciudades, presentada por el Gobierno del PP hace cuatro años y a la que no se opuso el colectivo afectado.
El Ministerio cree que esta regulación no ha influido en ninguno de los casos de corrupción que, desgraciadamente, se han producido en los últimos años. Sin embargo, este Departamento sí ha impulsado medidas para introducir más transparencia y más dificultades para la corrupción en normas como la Ley del Suelo.
Además, el Ministerio ha cubierto por oposición en esta legislatura más de 1.600 plazas de interventores y secretarios que se encontraban vacantes, con lo que se ha subsanado un problema real y que sí afectaba a la realización de esas funciones.
El Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ha sido negociado y debatido durante los dos últimos años con todos los interesados. Todos los sindicatos mayoritarios y casi todos los grupos parlamentarios lo apoyan por cuanto supone por primera vez, en la historia de la democracia, una regulación homogénea de la función pública en España, sin atender a intereses corporativos.
Nada hay en el texto que se refiera a los mecanismos de control de las administraciones, que se recogen en otras normas, por lo que el Ministerio considera que cualquier acusación en ese sentido es falsa y está motivada por intereses corporativistas.
El Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no cambia ninguna de las normas existentes sobre los métodos de control, intervención y gestión de los ayuntamientos. En concreto, en cuanto al nombramiento de los secretarios e interventores de las corporaciones locales, el texto mantiene la actual regulación contenida en la denominada Ley de Grandes Ciudades, aprobada en 2003.
Para aclarar cuantas dudas puedan surgir, el Grupo Socialista en el Senado ha presentado una enmienda por la que se limita a los grandes ayuntamientos y diputaciones la posibilidad de nombramiento por libre designación en estos puestos, y como en todos los casos, entre funcionarios que hayan ganado su plaza por oposición. Es la misma situación que se recoge en el vigente artículo 121 de la ley de Grandes Ciudades, presentada por el Gobierno del PP hace cuatro años y a la que no se opuso el colectivo afectado.
El Ministerio cree que esta regulación no ha influido en ninguno de los casos de corrupción que, desgraciadamente, se han producido en los últimos años. Sin embargo, este Departamento sí ha impulsado medidas para introducir más transparencia y más dificultades para la corrupción en normas como la Ley del Suelo.
Además, el Ministerio ha cubierto por oposición en esta legislatura más de 1.600 plazas de interventores y secretarios que se encontraban vacantes, con lo que se ha subsanado un problema real y que sí afectaba a la realización de esas funciones.
El Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ha sido negociado y debatido durante los dos últimos años con todos los interesados. Todos los sindicatos mayoritarios y casi todos los grupos parlamentarios lo apoyan por cuanto supone por primera vez, en la historia de la democracia, una regulación homogénea de la función pública en España, sin atender a intereses corporativos.
Nada hay en el texto que se refiera a los mecanismos de control de las administraciones, que se recogen en otras normas, por lo que el Ministerio considera que cualquier acusación en ese sentido es falsa y está motivada por intereses corporativistas.