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El Gobierno aprueba medidas de racionalización del gasto farmacéutico que permitirán ahorrar 1.500 millones de euros
26/03/2010
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, el Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta norma permitirá, a través de distintas medidas, un ahorro de 1.500 millones de euros para el sistema sanitario.
Estas medidas fueron acordadas por unanimidad entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas en un Consejo Interterritorial extraordinario, celebrado el pasado 18 de marzo.
La Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, contribuyó a la contención del crecimiento del gasto en medicamentos en el SNS, que pasó de crecimientos interanuales superiores al 10%, a crecimientos en el entorno del 4-5% a partir del año 2004. De hecho, en abril de 2004 el incremento interanual se situaba en el 11,02%.
Sin embargo, dado el actual contexto económico, y ante la necesidad de contribuir la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, se ha hecho preciso adoptar una serie de medidas financieras de contención, austeridad y reducción del gasto farmacéutico a través de la moderación del crecimiento de la factura farmacéutica.
PRINCIPALES MEDIDAS
Las principales medidas financieras acordadas y recogidas en el Real Decreto Ley son:
· Reforma del sistema de precios de referencia con un ahorro estimado de 888,67 millones de euros. Se trata de calcular el precio de referencia de cada conjunto homogéneo de medicamentos (mismo principio activo) con el precio más barato (el coste/tratamiento/día más bajo) y no con la media de los tres más baratos como ocurre en la actualidad.
Asimismo, se modifica la opción de gradualidad en la bajada que recoge el sistema de precios de referencia cuando un medicamento tiene que reducir su precio más de un 30%. Actualmente, se permite realizar dicha bajada en mínimos del 30% anual hasta alcanzar la rebaja total prevista. El Decreto Ley aprobado hoy establece que el porcentaje de bajada mínimo anual para poder acceder a la gradualidad será del 50%, estableciendo un plazo máximo de dos años para alcanzar la bajada total del precio.
· Reducción del precio industrial de los medicamentos genéricos financiados por el SNS en una cuantía media del 25%. La reducción, que puede alcanzar hasta el 30%, será progresiva, teniendo en cuenta la diferencia porcentual existente entre el precio de venta al público, impuestos incluidos, y el correspondiente precio de referencia, con el fin de perjudicar menos a los medicamentos con menor precio. También se prevé la reducción, en un 30%, del precio industrial de los medicamentos genéricos no incluidos en el sistema de precios de referencia.Se estima que el SNS ahorrará con esta medida 258,04 millones de euros.
· Regulación más precisa de los descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los distribuidores y la industria a las farmacias. Estos descuentos sólo son factibles siempre que no se incentive la compra de un producto frente al de sus competidores y queden reflejados en la correspondiente factura. Se fijan en un máximo de un 5% para los medicamentos financiados por el SNS, ampliable hasta un 10% en el caso de medicamentos genéricos. Hay que precisar que la rebaja del 25% de media en el precio de los genéricos es menor que la media de los descuentos que obtienen las farmacias al adquirir genéricos por pronto pago y volumen de compras y que se sitúa en un 40%.
· Modificación del sistema de fijación y revisión de los precios de los medicamentos: para su fijación se considerarán todos los precios existentes en la UE, y no sólo el precio medio del medicamento. En cuanto a la revisión, se suprime la limitación temporal anual, que existe actualmente, para la revisión de los precios de los medicamentos.
MÁRGENES DE LAS FARMACIAS
Asimismo, se modifica el Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, estableciéndose mayores márgenes fijos para los medicamentos de mayor preciose modifican los márgenes fijos (a partir de 91,63 euros el envase), incrementando el margen fijo en 5 euros para los medicamentos cuyo precio esté entre 200 y 500 euros y en 10 euros para lo que superen los 500 euros de precio.. De este modo,
Asimismo, se modifica la escala de aportaciones por volumen de ventas, fijadas por el Real Decreto-Ley 5/2000 de contención del gasto farmacéutico y racionalización del uso de los medicamentos. El objetivo de esta modificación es que dicha escala sea más equitativa y permita que paguen menos las farmacias que menos facturan e, incluso, un gran número de farmacias deje de pagar, y solamente las que tienen la facturación más elevada aumenten su aportación al sistema. Con este cambio está previsto que bajen su aportación hasta el 98% de las farmacias que, por tanto, se verán favorecidas.
Esta escala de aportaciones por volumen de ventas será conjunta, y tendrá en cuenta las recetas de medicamentos de uso humano fabricados industrialmente dispensados con cargo a los fondos públicos de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado, incluidos la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
MEDIDA ADICIONAL
Todas estas medidas se complementan con una medida adicional, no recogida en el Real Decreto Ley al no precisar de modificación legal alguna, que supone el establecimiento de una política de precio seleccionado para ciertos grupos de medicamentos de uso común y con muchos proveedores (analgésicos, antipiréticos, etc.). Esta medida permitirá generar un ahorro estimado de 360 millones de euros.
BENEFICIO PARA EL CIUDADANO
Las medidas adoptadas se aplicarán a lo largo de este año. Con ello se logrará un ahorro de casi 1.500 millones de euros anuales en el Sistema Nacional de Salud, preservándose en todo caso la universalidad y alta calidad de sus prestaciones.
Estas medidas tendrán también un efecto beneficioso desde el punto de vista económico en la ciudadanía, para la que supondrá un ahorro directo estimado en 100 millones de euros anuales. Este ahorro será fruto de una menor aportación directa de los activos en el régimen general y de la menor aportación de los mutualistas de las mutualidades de funcionarios.