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El Gobierno destina más de 2,2 millones de euros a Castilla-La Mancha para la formación en competencias digitales de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
![El Gobierno destina más de 2,2 millones de euros a Castilla-La Mancha para la formación en competencias digitales de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad El Gobierno destina más de 2,2 millones de euros a Castilla-La Mancha para la formación en competencias digitales de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad](/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/castillalamancha/actualidad/notas_de_prensa/notas/2022/11/2022-11-29_03/educacion.jpg)
29/11/2022
• Esta inversión permitirá atender a 9.927 menores en Castilla-La Mancha, en el marco del marco del programa Competencias Digitales para la Infancia, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• La dotación para toda España aprobada en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es de 50 millones de euros, que beneficiarán a 217.391 niños, niñas y adolescentes en todo el territorio.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la distribución de 2.283.100 euros a Castilla-La Mancha para la formación en competencias digitales de 9.927 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en el marco del programa Competencias Digitales para la Infancia (CODI), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La inversión total para toda España asciende a 50 millones de euros, y serán beneficiarios un total de 217.391 niños, niñas y adolescentes en todo el territorio. Al recibir los fondos, las comunidades y ciudades autónomas se comprometen a formar a un número mínimo de estos menores en situación de vulnerabilidad, proporcional a la cantidad transferida, siendo la inversión en cada uno de ellos de 230 euros.
El programa CODI tiene como objetivo la formación de niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años en competencias digitales básicas, durante el horario no escolar. Enmarcado en los compromisos asumidos por España en el componente 19 del PRTR, nuestro país se compromete a la “formación de 2,6 millones de ciudadanos en competencias digitales”.
Para contribuir a su cumplimiento, el Ministerio de Derechos Sociales se ha comprometido a la formación de un total de 950.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad hasta finales del año 2025.
Criterios de acceso y distribución de los fondos
Los criterios para acceder a las formaciones estarán basados en la situación de vulnerabilidad de la infancia, habiéndose establecido una serie de grupos prioritarios: en situación de pobreza, de entornos vulnerables, de zonas rurales, con discapacidad y extutelados. Dado las necesidades específicas de las y los jóvenes ex tutelados se permitirá ampliar el rango de edad para su atención.
En cuanto a la distribución de los fondos, el 58% se otorga de acuerdo con el porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza, el 40% según el porcentaje de personas menores de 18 años y el 2% del fondo se reparte entre Navarra, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla para asegurar un mínimo de inversión en el programa.
Los alumnos que participen en el programa obtendrán una certificación a partir de las 50 horas cursadas. Para facilitar la formación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pondrá a disposición de las comunidades y ciudades autónomas una plataforma digital con hasta 90 horas de contenidos. Las CCAA también podrán optar por usar sus propios contenidos o materiales, a través de la misma plataforma.
La ejecución de los fondos -y, por tanto, la formación de los alumnos- se podrá realizar durante los años 2023 y 2024. Durante este periodo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 realizará un seguimiento de la evolución del programa a través de la información introducida por las CCAA en la plataforma. Y una vez concluido este plazo, se prevé la realización de una evaluación por parte del Ministerio que permita valorar los resultados obtenidos, de acuerdo con las exigencias de la UE.