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Cantabria recibirá más de 6,5 millones del Plan de Recuperación para la digitalización y modernización de las administraciones
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07/09/2022
Cantabria recibirá más de 6,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la transformación digital y modernización de las administraciones para los ejercicios 2022 y 2023.
La Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que se han reunido los ministerios de Hacienda y Función Pública, Asuntos Económicos y Transformación Digital y Sanidad, con las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha aprobado este miércoles la distribución territorial de esos fondos.
En concreto, se reparte la anualidad de 2022 y se establecen los criterios de reparto y cantidades asignadas para la totalidad del crédito de 460.372.255 euros. De éstos, 239.072.255 euros se distribuirán en el año 2022 y 221.300.000 euros quedarían pendientes de repartir en 2023. En el caso de Cantabria, el Gobierno regional recibirá 3.199.749 euros en este 2022 y 3.302.896 en 2023.
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha presidido esta reunión, que se ha celebrado por videoconferencia, y en la que también han participado el secretario general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Juan Jesús Torres, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad, Juan Fernando Muñoz, así como la directora general de la Función Pública, Isabel Borrel.
De esta forma, en el seno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública (CSAP) se ha alcanzado un Acuerdo por el que se formaliza el criterio de distribución correspondiente a la inversión 3 del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinada a la Transformación Digital y Modernización de las Comunidades Autónomas, del INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, así como el reparto resultante del crédito asignado en el año 2022 y la previsión de reparto para 2023.
A través del trabajo de esta Conferencia Sectorial se trata de dar impulso al proceso de transformación de las Administraciones Públicas en cuanto a las inversiones y reformas contenidas en el Componente 11 del Plan de Recuperación.
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha destacado que el eje 3 del Plan, ‘Digitalización de CCAA y entidades locales’, persigue la modernización de las mismas “de forma coherente y coordinada” con las inversiones realizadas a nivel transversal por la Administración General del Estado, de acuerdo con los criterios de consistencia e impacto esperados por la Comisión Europea. También ha resaltado la colaboración y el ejercicio de responsabilidad del conjunto de los territorios en la gestión del Plan.
Esta Conferencia se celebra tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto, en el que se aprobó un Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto entre las Comunidades, el INGESA y Ceuta y Melilla de los créditos presupuestarios destinados a la inversión ‘Transformación digital y modernización de las Comunidades Autónomas’, del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los años 2022 y 2023.
ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN FINANCIABLES
Se han identificado las siguientes líneas estratégicas de inversión por los Ministerios de Hacienda y Función Pública, de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Sanidad:
- LE1. Administración orientada a la ciudadanía.
- LE2. Operaciones inteligentes.
- LE3. Gobierno del dato.
- LE4. Infraestructuras digitales.
- LE5. Ciberseguridad.
- LE6. Sanidad
CRITERIOS PARA CADA LÍNEA ESTRATÉGICA
Los criterios utilizados para cada una de las líneas y su ponderación son los siguientes:
• Líneas 1-5: Se aplicará como criterio único el de la población (igual que en el año 2021).
• Línea 6. Se distribuirán aplicando tres criterios: Población, cantidad fija e igual, y proyectos en colaboración.
- El 84% del importe se distribuirá proporcionalmente al criterio poblacional entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona las prestaciones sanitarias para Ceuta y Melilla.
- El 10% mediante una cantidad fija igual a cada Comunidad Autónoma e INGESA.
- El 6% restante a repartir entre las Comunidades que se postulen para liderar proyectos que se ejecuten de manera colaborativa.
Esta propuesta de criterios fue validada por la Comisión de Salud Digital (CSD) del Consejo Interterritorial del SNS en su reunión del día 11 de febrero de 2022.
Asimismo, el Consejo Interterritorial del SNS, en el pleno celebrado el día 6 de abril de 2022, aprobó el Plan de trabajo y los criterios de selección de los proyectos en las tres áreas funcionales establecidas en el PERTE de Salud de Vanguardia y fue informado de la propuesta de criterios de distribución aprobada por la CSD.
La distribución en 2022 y 2023
De la cuantía prevista para 2022, en concreto 169.072.255 euros corresponderían a las líneas 1-5 y 70 millones se destinarían a la línea 6 de sanidad digital. Por su parte, de la cuantía prevista para 2023, 61.300.000 euros se destinarían a las líneas 1-5 y 160 millones a la línea 6 de sanidad digital.
De esta forma, teniendo en cuenta los criterios objetivos de asignación, se realiza el reparto de los créditos correspondientes al ejercicio 2022 con la siguiente distribución territorial y se aprueba la distribución de las cuantías para el año 2023 condicionada a la disponibilidad de crédito:
Para asegurar un adecuado seguimiento de los proyectos, las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla deberán proporcionar la información relativa a los diferentes proyectos de inversión que se propongan financiar en cada ejercicio con cargo a los fondos en el sistema integrado para la gestión, así como información sobre las previsiones para el cumplimiento de los objetivos en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público.