Soledad Murillo se interesa por el protocolo de actuación contra la trata impulsado por la Delegación del Gobierno en Cantabria
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24/04/2019
Eduardo Echevarría y la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Consuelo Gutiérrez, explican a la secretaria de Estado de Igualdad los principales ejes del plan, que coordina la lucha de las administraciones y fuerzas policiales contra esta lacra
La concienciación y sensibilización de la sociedad y los ayuntamientos “es fundamental” para erradicar una actividad que “parte de una situación de precariedad de las víctimas
24 de abril de 2019.- El delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría, ha presentado hoy a la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, el protocolo de actuación común contra la trata de personas con fines de explotación sexual que se está impulsando desde la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Echevarría ha explicado a Murillo que el principal objetivo del protocolo es establecer una guía de actuación coordinada entre ayuntamientos, policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil, de tal manera que “se pueda erradicar un problema que afecta fundamentalmente a las mujeres, que atenta contra su libertad sexual y esconde numerosos dramas”.
Al respecto, Soledad Murillo ha señalado que “la situación de precariedad es la forma de captación y de asegurar el servicio sexual que prestan las víctimas”, que en muchas ocasiones se ven obligadas a prostituirse para pagar la deuda contraída con las mafias, que para conseguirlo las amenazan utilizando como moneda de cambio a las familias que dejan atrás en los países de origen.
Por su parte, la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno, Consuelo Gutiérrez, ha contextualizado el origen de esta iniciativa en la reunión de coordinación contra la trata de personas celebrada organizada por la Fiscalía en 2017.
A partir de ahí, se tomó como referencia para elaborar esta guía el caso de éxito en Santa Cruz de Bezana, municipio en el que la actuación del Ayuntamiento y la Policía Local logró clausurar dos viviendas en las que se practicaba la prostitución.
Concienciación y objetivos
Lo que el protocolo pretende es poner en común los conocimientos de los cuerpos policiales y las administraciones sobre el problema de la prostitución y la trata de personas en pisos y viviendas particulares, además de en clubes, para establecer una guía de actuación común ante casos de prostitución y trata de personas con fines sexuales.
Los asistentes a la reunión han coincidido en destacar las dificultades que implica a la hora de actuar que la actividad de trata o prostitución se desarrolle en viviendas o locales particulares, lo que hace “imprescindible” la colaboración de las entidades locales y una sensibilización de los ayuntamientos y vecinos.
Así, Soledad Murillo y Eduardo Echevarría han manifestado que “es fundamental” la sensibilización y concienciación de los ayuntamientos y la ciudadanía en relación a la trata, de tal manera que deje de ser un negocio rentable para las bandas organizadas y quede erradicada.
Por otro lado, el delegado del Gobierno ha manifestado que este tipo de actividades genera numerosas molestias a los vecinos de los inmuebles utilizados por las mafias de explotación de personas y que, en muchos de los casos, acaban en conflictos que ponen en peligro la convivencia pacífica y tranquilidad en las comunidades de vecinos.
“Son precisamente estas molestias las que dan las primeras pistas” a policías y administraciones sobre posibles casos de trata, pues los vecinos “se ven abocados a denunciar el continuo ir y venir de personas extrañas en sus portales y los problemas que generan”.
Ante esta situación, el protocolo también contempla la necesidad de blindar las zonas residenciales a este tipo de actividades, para lo que es necesario concienciar a los propietarios de los inmuebles de los riesgos de alquilar los pisos y viviendas a estas redes e implicar a las administraciones locales en el control de estas actividades.
Al encuentro, celebrado en la Delegación del Gobierno en Cantabria, han asistido la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo; el delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría; María Ángeles Sánchez, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; Luis del Castillo, coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria; Héctor Moreno, jefe superior de Policía Nacional en Cantabria; Consuelo Gutiérrez, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer; Miguel Ángel Gálvez, jefe de la Inspección de Trabajo; Alicia Renedo, directora general de Igualdad y Mujer en el Gobierno de Cantabria; Carla Orcajo, secretaria general de la Delegación del Gobierno; César Vázquez, comandante de Guardia Civil; Juan Lomas, responsable de Extranjería en Policía Nacional; Sandra Figaredo, jefa de gabinete de la secretaria de Estado de Igualdad; y Maite Gómez, asesora del delegado del Gobierno.