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La Policía Nacional detiene en Bilbao a dos empresarios por explotar a trabajadores sin permiso de residencia ni trabajo en una empresa de confección textil

24/05/2023

Según estos empleados, recibían un salario de 200 euros mensuales por trabajar todos los días de la semana desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde
La operación se ha llevado a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia y se han hallado a cinco empleados en situación irregular
Además de los delitos penales en que han incurrido, estos empresarios se enfrentan a sanciones de 10.000 euros por cada trabajador contratado en estas condiciones

La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia han realizado una operación conjunta para combatir el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular en Bilbao que se ha saldado con la detención de dos empresarios por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.

La misma se ha desarrollado en una empresa textil ubicada en una nave industrial del barrio bilbaíno de Ametzola, hallando en su interior a seis trabajadores, de los que cinco se encontraban en situación irregular, al no contar con permiso de residencia y trabajo en nuestro país.

CONDICIONES LABORALES DE SEMIEXCLAVITUD

Según declaraciones de estos trabajadores, cobraban 200 euros mensuales por jornadas laborales que comenzaban a las siete de la mañana y concluían a las cuatro de la tarde, los siete días de la semana. En este sentido, si se quejaban o negaban a trabajar así, les obligaban a aceptar mediante amenazas con informar a la policía para que les expulsaran de España.

Además, explicaron a los investigadores que, como medida de seguridad, el local siempre estaba cerrado desde dentro para evitar cualquier inspección policial y que sólo lo abrían, previo aviso telefónico, cuando se iba a producir la entrega del material necesario para confeccionar las prendas en las que trabajaban.

Por todo ello, el pasado jueves se procedió a la detención de los dos empresarios que regentan la nave, una pareja de origen marroquí que se enfrenta, además de a las posibles consecuencias penales por estos delitos, a sanciones en materia laboral de 3.000 euros por cada empleado no dado de alta en la Seguridad Social y de 10.000 euros por trabajador irregular y sin permiso de trabajo.