El Plan de pensiones para los empleados públicos de la AGE supera ya los 200 millones de euros
10/08/2006
Es el mayor fondo de España, con más de medio millón de partícipes
El Plan de Pensiones de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) cuenta ya con un volumen gestionado de más de 200 millones de euros, tras realizarse la tercera aportación anual.
En el momento actual, la media de los derechos consolidados de los partícipes en el Plan es de aproximadamente 400 euros, pudiendo calcularse que cuando se llegue a la edad de jubilación, y estableciendo una media de 30 años de servicio, se alcanzará el equivalente a un año de pensión de Clases Pasivas o de Seguridad Social.
NACIMIENTO DEL PLAN DE PENSIONES
El origen del Plan de Pensiones de la AGE se remonta a un acuerdo Administración-Sindicatos, que dio origen al fondo de Pensiones en octubre de 2004. Nació con el propósito de complementar las pensiones públicas en la “mayor empresa” del país, que es la Administración General del Estado, con su más de medio millón de partícipes.
De esta manera se seguían las recomendaciones europeas de la OCDE, al tratar de complementar las pensiones públicas –el denominado primer pilar de la previsión social- con el ahorro privado y siempre en la idea de mantener en lo posible el poder adquisitivo de los jubilados de la Administración General del Estado.
VENTAJAS DEL PLAN SOBRE OTROS
El Plan de Pensiones de la AGE tiene algunas ventajas sobre otros productos de ahorro. En primer lugar, cada uno de los partícipes tiene una parte individualizada dentro del Fondo (lo que se denominan derechos consolidados) y, por tanto, no depende de la entrada de nuevos partícipes en el sistema. Otra ventaja se refiere al ahorro en las comisiones de gestión y depósito para los partícipes que movilicen recursos desde otros planes de pensiones. La entidad gestora actual del Plan cobra 0,60% frente al 2,5% de las comisiones vigentes en el mercado en algunos casos.
COMISIÓN DE CONTROL
El Plan de Pensiones de la AGE cuenta con una Comisión de Control para supervisar su funcionamiento con 22 miembros, 11 de los cuales representan a los promotores (Ministerios y Organismos Públicos) y los otros 11, que representan a partícipes y beneficiarios, que fueron designados por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.