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Fátima Báñez afirma que pacto a pacto “estamos avanzando en la mejora de las oportunidades de empleo y el aumento de la protección de los desempleados”

19/10/2017

Hasta la fecha ha el PREPARA dado cobertura a casi un millón de desempleados de toda España y ha insertado a un tercio de ellos. En Melilla se han beneficiado un total de 1.912 personas.

El Congreso de los Diputados, ha convalidado hoy por unanimidad el Real Decreto Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la Reactivación Extraordinaria y por tiempo limitado del Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) de las personas que agoten su protección por desempleo y otras medidas de orden socio-laboral.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado que este es tercer Real Decreto Ley que presenta a la Cámara Baja en esta Legislatura, y al igual que los anteriores ha sido fruto de un intenso proceso de diálogo, participación y acuerdo con CCAA e interlocutores sociales.

El primero fue el Real Decreto Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el Impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que ha permitido desde entonces más que duplicar el número de inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (868.863 a 16 de octubre), e impulsar el uso de los fondos disponibles para empleo juvenil por todos los Organismos Intermedios del Fondo Social Europeo.

El segundo de ellos fue el Real Decreto Ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo, convalidado con 334 votos a favor y ninguno en contra, que permitirá desde entonces hasta el 30 de abril de 2018 seguir protegiendo a miles de demandantes de empleo y facilitándoles su inserción en el mercado de trabajo a casi uno de cada tres.

Todas esas normas han sido fruto de intenso trabajo en el marco de la mesa de diálogo social del Plan de Choque por el Empleo, y en la Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Y todas ellas están acompañadas por otros acuerdos en materia sociolaboral, como la fijación de SMI para 2017, la transposición de la directiva de trabajo forzoso o la aprobación reciente de la Ley de medidas para trabajadores autónomos.

“Es así, sumando, pacto a pacto, como estamos avanzando en la mejora de las oportunidades de empleo y el aumento de la protección de los desempleados”, ha incidido la ministra. “En ese camino, hoy pretendemos dar un paso más con la convalidación de este Real Decreto Ley”.

El Prepara forma parte junto a las Renta Activa de Inserción, RAI, y el Programa de Activación para el Empleo, PAE, complementan las medidas de protección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social adicionales a la prestación por desempleo, al que se suman el resto de prestaciones previstas en la Ley General de Seguridad Social.

Se trata de un sistema que ha sido preciso reforzar de forma estable y que ha permitido que el último año se haya incrementado en un punto la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo.

“Y un sistema que necesariamente debe estar orientado a la activación de los desempleados”, ha señado Báñez, quien ha recordado que 8 de cada 10 personas que abandonan el desempleo son desempleados de larga duración.

Hasta ahora el Plan PREPARA se había prorrogado de forma automática en doce ocasiones, finalizando el plazo el 15 de agosto de 2017. Con esta prórroga serán 13 y su duración, de manera extraordinaria y limitada en el tiempo será hasta el 30 de abril de 2018.

La ministra ha explicado que desde su aprobación el Programa ha dado cobertura a casi 1 millón de personas en toda España.

Su duración es de seis meses y su cuantía asciende al 75% del IPREM (403,3 euros) y desde el verano de 2013 al 85% del IPREM (457,1 euros) para aquellas personas desempleadas con al menos tres familiares a cargo.

Báñez ha recordado que la renovación automática del Programa estaba condicionada a que la tasa de paro estuviera por encima del 18%, si bien en la última EPA se situó en el 17,22%. Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 27 de julio que considera que centralizar en el Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la ayuda económica a desempleados que han agotado el paro contraviene el orden constitucional de distribución de competencias en materia de empleo.

Ni un solo día sin protección

“Por ello se acordó por consenso la mejor forma de evitar un solo día de laguna de desprotección a quienes tuvieran acceso al programa”, ha señalado Báñez

Por este motivo, según ha puesto de relieve la ministra, se constató por todas las partes, CCAA, gobierno e interlocutores sociales, la necesidad de evitar prescindir de ningún elemento actual de cobertura de desempleo, y a su vez, la imposibilidad material de que las CCAA gestionaran de manera inmediata el programa.

Por todo ello, se propuso al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que alcanzara un acuerdo con las CCAA para que éstas le atribuyeran la competencia al SEPE. Dicho acuerdo se estableció por unanimidad de todas ellas, aunque de manera extraordinaria y limitada en el tiempo hasta el 30 de abril de 2018.

A juicio de la titular de Empleo, este es un programa que ha concitado el apoyo de la mayoría de esta Cámara en sus distintas etapas, tenemos, ha dicho, una ocasión más para demostrar que “hay asuntos como este que podemos considerar de Estado porque afectan a los intereses generales de nuestro país. Asuntos que nos unen, que nos llevan a sumar y a avanzar”.

Empleadas de hogar e investigadores

Por otra parte el Real Decreto introduce de nuevo, mediante una disposición adicional, la reducción del 20% en la cotización de los trabajadores del hogar integrados en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, con efectos desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Asimismo, modifica también la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con la finalidad de delimitar claramente a qué entidades del sector público se les admite formalizar contratos de obra o servicio determinado con una duración superior a tres años. Con la redacción anterior podían surgir dudas sobre la aplicación de esta excepción en determinadas entidades del sector público, como fundaciones, consorcios y otros agentes de ejecución del sistema de ciencia e innovación.