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Roberto Bermúdez de Castro: “La aplicación del artículo 155 ha devuelto la normalidad a la Administración de Cataluña, ha garantizado los servicios básicos a los ciudadanos y ha dado seguridad a empresas e inversores”

22/03/2018

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado que “la aplicación del artículo 155 ha devuelto la normalidad que había perdido la Administración Pública de Cataluña, ha garantizado los servicios básicos a los ciudadanos y el pago puntual a proveedores, ayuntamientos, entidades y funcionarios, y ha garantizado seguridad a empresas e inversores”.

Bermúdez de Castro, que ha comparecido por segunda vez en la comisión conjunta de las comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional del Senado, para informar del desarrollo y ejecución de las medidas aprobadas por la Cámara Alta, al amparo del artículo 155 de la Constitución, ha indicado que el acuerdo que adoptó el Senado el 27 de octubre, con el apoyo de las fuerzas constitucionalistas, y que está aplicando el Gobierno de España, “se adoptó en su momento como una medida necesaria, y se ha demostrado también, cinco meses después, como la más conveniente para los intereses catalanes”.

El secretario de Estado ha calificado de “arbitraria” la “maniobra” del presidente del Parlament de adelantar el pleno de investidura a esta tarde… Al mismo tiempo, ante la situación actual, ha añadido que “la sociedad catalana necesita certeza y estabilidad para crecer económicamente y prosperar y, mientras no haya un Gobierno en Cataluña que respete la Constitución y el Estatuto, el Gobierno de España estará allí”.

Objetivos de la aplicación del 155

Bermúdez de Castro ha recordado que la aplicación del 155 respondía a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y garantizar los derechos y libertades de todos los catalanes.

Con estos objetivos marcados, el balance cinco meses después indica que “la legalidad constitucional y estatutaria se ha restaurado, que el Estado de derecho ha salido reforzado y se ha devuelto la confianza a los ciudadanos. Al mismo tiempo, España ha demostrado su fortaleza democrática y la sociedad española ha comprobado que nadie está por encima de la Ley”

Según el secretario de Estado, “la Administración catalana ha recuperado la neutralidad que debe inspirar la actuación de toda institución pública, las decisiones adoptadas por el Gobierno han buscado el interés de todos los catalanes y los servicios básicos y los sectores más vulnerables han sido la prioridad en la gestión”.

La ‘estructura de Estado’, ha continuado Bermúdez de Castro, ha sido prácticamente desmantelada: “Se han disuelto los órganos creados cuyo fin era la independencia, está casi culminada la liquidación de las delegaciones en el exterior y el Consejo de Ministros constituyó un órgano liquidador del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT). También se han dejado sin efecto los acuerdos que preveían centralizar en la Agencia Tributaria de Cataluña el pago de tributos estatales”.

El secretario de Estado ha sido tajante al afirmar que “el artículo 155 no ha suspendido la autonomía, al contrario, ha devuelto la vigencia al Estatuto que el independentismo pretendió derogar con la ley de Transitoriedad y que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Y, al amparo del 155, el presidente del Gobierno convocó unas elecciones en las que los catalanes se han expresado libremente en las urnas”.

Como hizo en su primera comparecencia, Bermúdez de Castro, ha dado mucha importancia a la normalidad institucional durante este periodo de tiempo: “Los funcionarios catalanes siguen demostrando la mejor disposición hacia la actuación de los ministerios, las relaciones se enmarcan dentro del respeto y la colaboración y los procedimientos establecidos siguen funcionando con total fluidez”.

La gestión se marcó como objetivo principal poner nuevamente en marcha una Administración Pública que estaba prácticamente paralizada, con un estancamiento importante en Justicia, Sanidad, Servicios Sociales o Educación. “Hemos desatascado subvenciones que no se pagaban desde hace cuatro años, hemos autorizado ayudas pendientes desde 2015, se ha revertido el histórico retraso en el pago a los ayuntamientos, se ha activado después de siete años el acceso a la función pública docente, se ha autorizado la recuperación para los empleados públicos catalanes del último tramo de la paga extra de diciembre de 2012 por un importe de 138 millones de euros y se han iniciado los trámites para la devolución de las pagas extras de 2013 y 2014 que el Gobierno del ‘Procés’ también dejó pendientes”.

Balance de la aplicación del 155

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales ha destacado algunos resultados de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña:

Pagos por importe de 8.000 millones de euros, de los que más de 2.000 millones han ido destinados a proveedores y más de 1.100 a entidades locales.
Desbloqueadas las convocatorias de empleo público: 455 para Mossos d’Esquadra, que se suman a 2.000 plazas para maestros y profesores, anunciadas ya en la anterior comparecencia.
Renovados los conciertos educativos y resuelta la concesión de subvenciones por un importe superior a 100 millones de euros.

Bermúdez de Castro también ha resaltado que, desde el 27 de octubre pasado, se han celebrado 21 Consejos de Ministros en relación a Cataluña, que han aprobado 181 acuerdos en sectores prioritarios:

Atención Social: 42 millones de euros en adendas al contrato programa 2017-2019 de servicios sociales, bienestar social y políticas de igualdad; 10,5 millones en subvenciones para la inserción laboral de personas con discapacidad; 300 plazas de servicios sociales para menores inmigrantes no acompañados; 19 millones mensuales para 26.000 personas en situación vulnerable; 1,7 millones mensuales para prestaciones a 4.155 menores en situación de riesgo; 11 expedientes de contratación en el ámbito asistencial, como centros de acogida o residencias para personas con discapacidad; 10 contratos más para plazas asistenciales de adolescentes, personas con discapacidad y mayores.

Sanidad: contratación del servicio de terapias respiratorias a domicilio; 5,5 millones para compra de servicios sanitarios; 1,5 millones para la actividad asistencial; 500.000 euros para mejoras en el hospital Vall d’Aran.

Educación: 2.000 plazas y conciertos educativos para infantil y secundaria; 107,7 millones de subvenciones, destacando 71,8 millones para el Consorcio de Educación de Barcelona y 9 millones a la Fundación Escuela Superior de Música de Cataluña; 15 millones para ayudas al alumnado con necesidad de apoyo educativo; 9,4 millones para becas de cursos postobligatorios; 8,2 millones para las universidades públicas catalanas y 3,6 millones para programas de excelencia; 9,5 millones para los consejos comarcales destinados a la financiación de transporte y comedor escolar; 7,2 millones para centros educativos de titularidad municipal; más de 3 millones para equipamientos educativos y ampliación y reforma de centros.

Prestación de asistencia jurídica gratuita: 4,5 millones mensuales a colegios profesionales de abogados y procuradores.

Seguridad y emergencias: 455 plazas para Mossos d’Esquadra.

Acuerdos para generar riqueza y empleo: declaración de interés general del proyecto de reindustrialización del municipio de Flix; 10 millones para desempleados de larga duración; 1,8 millones para financiar el programa Mercat, dedicado a la industria del conocimiento; 1 millón a la Agencia para la Competitividad de la Empresa.

Infraestructuras: 18 millones para infraestructuras deportivas destinadas a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona; 12,8 millones para la transformación y mejora de regadíos

Necesidades del territorio y los ayuntamientos: abono de 1.100 millones entre septiembre a diciembre a ayuntamientos y diputaciones; subvenciones de 30 millones para infraestructuras viarias locales; 17 millones para saneamiento e infraestructuras destinadas a siete consejos comarcales.

Función Pública: tramitación del pago de 138 millones, correspondiente a la parte proporcional de la paga extra de 2012; 18 millones para el Instituto Catalán de Salud destinados al incremento del 1% de las retribuciones de 2017; 10 millones para el vestuario del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat y 1 millón para los centros de trabajo.

Recuperación económica

Uno de los objetivos destacados que contemplaba el acuerdo del 27 de octubre para la aplicación del artículo 155 era la recuperación económica, ha recordado Bermúdez de Castro. “Cinco meses es un tiempo escaso para dar la vuelta a la situación creada, pero la estabilidad y la seguridad jurídica proporcionada están empezando a marcar tendencias alentadoras. Por ejemplo, la confianza empresarial apunta un aumento de un 2,6% para el primer trimestre de 2018 y el indicador de actividad del sector servicios también ha salido del estancamiento de septiembre aumentando de 112,9 a 116,8 puntos”.

“Cataluña -ha continuado- ha liderado en febrero el descenso del desempleo en España, con 4.658 parados menos, y en enero pasado se han creado 1.748 empresas y se ha recuperado un 2% de turistas extranjeros”.

Bermúdez de Castro ha finalizado su intervención indicando que la aplicación del 155 “fue una decisión acertada y proporcional a la crisis provocada por el secesionismo, el Estado de derecho ha salido fortalecido y la Administración catalana ha recibido el impulso que necesitaba, se ha rebajado la tensión en la sociedad y se ha recuperado una seguridad jurídica que hoy tranquiliza a empresarios e inversores”

El secretario de Estado, por último, ha insistido en que “las fuerzas secesionistas ya no pueden volver al punto de partida, el próximo Gobierno de la Generalitat debe acatar y defender la legalidad constitucional y estatutaria”.