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Virginia Barcones explica el dispositivo de respuesta de protección temporal puesto en marcha por el Gobierno de España, que materializa la Policía Nacional en las nueve comisarías de Castilla y León

14/03/2022

En marcha el procedimiento de solicitud de protección temporal para los ciudadanos de Ucrania

• La protección temporal se puede solicitar ya, incluirá la autorización de residencia y trabajo, y será resuelta en un plazo máximo de 24 horas

• La simplificación de los trámites permite a las personas desplazadas obtener los derechos que le otorga la normativa de forma rápida y sencilla

14 de marzo de 2022 .- La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe superior de Policía Nacional, Juan José Campesino, explicaron este lunes el funcionamiento del dispositivo que gestiona en Castilla y León las solicitudes de protección temporal de los ciudadanos ucranianos, quienes tienen ya a su disposición las nueve comisarías de Policía en todas las provincias de la Comunidad donde pueden presentar el formulario, asistidos de intérprete.

El dispositivo que se pone en marcha en la Comunidad Autónoma responde a la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022 que amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España.

Esta orden tiene como objetivo una simplificación de los trámites, de forma que las personas desplazadas que lleguen a España puedan obtener los derechos que les otorga la directiva de forma sencilla y rápida en un plazo máximo de 24 horas –permiso de residencia y trabajo-, si bien, el propio resguardo acreditativo de la solicitud garantiza la legalidad de la estancia en nuestro país, y en él constará un NIE asignado.

El procedimiento se iniciará a instancias de la persona interesada. La solicitud de protección temporal se formulará mediante comparecencia ante funcionarios de la Dirección General de la Policía, -las Brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras-, en las comisarías o en los centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en su caso.

Mientras se tramita la solicitud, la persona interesada está autorizada a permanecer en territorio español y a percibir las ayudas sociales gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Oficina de Asilo y Refugio tramitará las solicitudes de protección temporal mediante el procedimiento de urgencia, y el Ministerio del Interior acordará la concesión o denegación de la protección temporal a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. La resolución por la que se conceda la protección temporal, que se dictará en un plazo máximo de 24 horas, incluirá la autorización de residencia y de trabajo, y todo ello se entenderá prorrogado automáticamente por otro año.

Ucranianos en Castilla y León

En España hay empadronados 112.000 ucranianos, de los cuales, 1.400 residen en Castilla y León. Por provincias, según datos del padrón, en Ávila residen 84, en Burgos 207, otros 238 en León, 45 en Palencia, 254 en Salamanca, 117 en Segovia, 126 en Soria, 281 en Valladolid y otros 47 en Zamora.

Sin embargo, señaló la delegada del Gobierno, es difícil saber cuántos de los casi dos millones y medio de personas que han abandonado el país se quedarán en los países fronterizos o pueden llegar hasta el nuestro, o hasta Castilla y León.

No obstante, la Comunidad Autónoma recibirá a estos ciudadanos en cumplimiento de la normativa recién aprobada por el Gobierno, incidió Barcones, ofreciéndoles protección en tiempo récord y pondrá a su disposición los recursos disponibles, “basados en la solidaridad que no sólo demuestran las administraciones, en absoluta coordinación, sino en la que están siendo un ejemplo organizaciones no gubernamentales, entidades locales, asociaciones y personas a nivel particular, ante el horror que se vive ahora en el país de quienes se ven obligados a huir”.

Los ciudadanos provenientes de Ucrania están amparados por la Directiva 2001/55 del Consejo de la Unión Europea sobre protección de personas desplazadas, que permitirá automáticamente a los ucranianos residir, trabajar o estudiar en la Unión Europea un año, prorrogable hasta tres, sin tener que pedir asilo.

El Consejo de Ministros del 1 de marzo aprobó una declaración institucional en solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania por la que se comprometía a velar por su bienestar y atender sus necesidades, tanto a aquellos que ya están en nuestro país, como a los que puedan llegar en adelante.

El Gobierno español se comprometía a alinearse con la decisión del Consejo de la Unión Europea para concederles protección temporal, acogerlos y asumir las consecuencias de su acogida; pero, aún más, el Consejo de Ministros del 8 de marzo aprobó el Acuerdo que amplía el ámbito de aplicación de esta directiva también a nacionales de terceros países con residencia efectiva en Ucrania en el momento en que se produjo la invasión.

Coordinación entre administraciones

La delegada remitió la semana pasada una carta a través de las subdelegaciones del Gobierno en Castilla y León a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma poniéndose a su disposición y remitiéndoles las guías en español y ucraniano para informar a los ciudadanos que recalen en sus municipios de todos sus derechos.

Por otro lado, el próximo miércoles se celebrará una reunión en la Delegación del Gobierno con las consejerías de Presidencia y Familia de la Junta de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias y los alcaldes de capitales y municipios de mayor tamaño de la región para coordinar institucionalmente la respuesta a esta crisis humanitaria.