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Sanz apela a la protección de la intimidad de los menores y la lucha contra los bulos en las redes sociales en la era de la posverdad
20/02/2018
El delegado transmite un mensaje de solidaridad al abuelo de Marta del Castillo y al padre de Diana Quer a quienes les ha asegurado que la sociedad “se identifica con su causa”
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha reafirmado hoy la necesidad de “activar los mecanismos necesarios para “proteger la intimidad de los menores” en una sociedad en la que las redes sociales han revolucionado formas de interacción en la sociedad”. El delegado ha asegurado que estas herramientas que garantizan “facilidad y rapidez” en el acceso a una información sin fronteras información “pueden trasladar a la velocidad de la luz bulos, alarmas, falsas informaciones y noticias que dañan y vulneran el derecho de terceros si no aprendemos a utilizarlas adecuadamente”.
Así lo ha afirmado durante el transcurso de las jornadas organizadas por la Cadena Ser y la Universidad de Sevilla bajo el título “Responsabilidad de los periodistas en la era de la posverdad. Ética y manuales de estilo frente a la ´Fake News’”, en las que participan más de una veintena de profesionales de la comunicación, de la política y de la Universidad.
El delegado ha dirigido un mensaje de solidaridad al abuelo de Marta del Castillo y al padre de Diana Quer, participantes en las jornadas, a quienes les ha asegurado que la sociedad “se identifica con su causa”, al tiempo que les ha manifestado el apoyo del Gobierno, del Ministerio del Interior (MIR) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y su agradecimiento por ofrecer “con valentía” su testimonio personal.
También ha agradecido la contribución de Paco Lobatón en la búsqueda de desaparecidos, tanto desde la Fundación de Personas Desaparecidas Qsd-Global como con su programa de televisión sobre desaparecidos, “ejemplo de la colaboración que pueden desempeñar los medios” en la investigación sobre personas desaparecidas, que ascienden a 4.164 casos activos en España y 1.676 en Andalucía.
La protección de los menores, objetivo prioritario
El delegado ha defendido “la discreción y la prudencia” como factores prioritarios para garantizar la seguridad de las víctimas y el éxito de una investigación, así como el derecho a la protección de la intimidad de los menores cuando éstos son víctimas de algún delito que salta a los medios de comunicación.
En 2017 se produjeron 1.197 delitos y faltas contra la convivencia escolar en Andalucía y en 2016 un total de 900, “una ligera reducción que, según Sanz, invita a pensar que los planes de prevención y concienciación que desarrollan las FCSE”.
En lo que respecta a los casos de acoso, desde enero de 2017 hasta hoy, el número de expedientes de acoso escolar incoados por el Ministerio del Interior en Andalucía a través de las denuncias presentadas por los tutores de los menores asciende a 76, habiéndose presentado durante el curso académico 2017/2018 un total de 13 denuncias.
El delegado ha apostado por la “prudencia” en la información que se transmite acerca de estos delitos, que engloban tanto el acoso como los daños materiales y personales que sufren los menores en los centros escolares, con el objetivo de reducir la presión sobre los menores, las familias y los centros escolares en los que se producen los hechos.
Sanz ha recordado algunos planes diseñados por el Gobierno para concienciar sobre estos delitos, como el plan para la convivencia y mejora de la seguridad escolar, que contempla la impartición de charlas, por parte de las FCSE, a los alumnos, profesores y Ampas, y al que ya se han adherido el 75% de los centros escolares andaluces
El 46% de estas charlas, 9.158 en total, se centraron el pasado año en los riesgos asociados al uso de Internet, con el objetivo de “evitar que los menores sean víctimas de prácticas delictivas como el ciberacoso, el grooming o la sexting, así como alertar de la adicción a las tecnologías”.
Las redes sociales también son “caldo de cultivo para la cibercriminalidad”, según Sanz, un fenómeno “complejo y difícil de detectar por el que el crimen organizado tiene especial interés”, como se refleja en el incremento en un 19,2% de los delitos detectados en Internet, donde se incluyen los denominados grooming y sexting.
Uso responsable de la información
Sanz ha defendido “la voluntad de transparencia informativa del Gobierno y las administraciones”, palpable en la publicación de estadísticas de criminalidad, que ayudan a establecer planes específicos de actuación en función de la evolución de la tipología de los delitos, pero también ha abogado por la “prudencia” pues la información “nunca debe chocar con los derechos de terceros, ni poner en peligro la seguridad colectiva, ni contribuir a victimizar a los menores, ni a sembrar la alarma”.
De esta forma, ha insistido en el “necesario uso responsable de la información” en aras del mantenimiento de la seguridad colectiva y ha indicado que en un estado de alerta IV antiterrorista, que se prolonga desde el verano de 2015, el MIR y las Fuerzas y las FCSE “no deben, ni pueden, difundir información sensible relativa a determinados dispositivos de seguridad o a los planes de protección de las infraestructuras críticas”.
De igual modo, ha defendido “la prudencia” de los jueces, bajo cuyo mandato trabajan Policía y Guardia Civil desde el momento en que comienza la actuación judicial, que en muchas ocasiones, decretan el secreto de sumario “para garantizar la intimidad de las víctimas, y también el éxito de la investigación en curso”.
El papel de los medios de comunicación
El delegado ha destacado la necesidad de reflexionar acerca del papel de los medios de comunicación en la era de Internet, sobre las consecuencias de la “potente irrupción” de las redes sociales a nivel global y sobre la revolución que ha supuesto el impacto de las nuevas tecnologías en los flujos informativos y en la comunicación social.
Los medios, según Sanz, deben asumir valores éticos y morales propios de una sociedad avanzada y navegar “con responsabilidad” en “la difícil frontera ética entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad”.
De esta forma, pueden desarrollar “una importante labor de concienciación entre los ciudadanos para que aprendamos a discernir la mentira de la verdad”, tarea en la que ha agradecido el papel de la Cadena Ser y la Facultad de Comunicación con la organización de estas jornadas.
Ciudadanos comprometidos con la verdad
El delegado ha apelado al “compromiso de los ciudadanos con la verdad” a través de un “uso correcto y sensato de la información disponible en las redes sociales y sistemas de mensajería”, también pueden ser muy dañinas en la difusión de falsas alarmas, que siembran el desconcierto social pues, como ha destacado el delegado “una falsedad se puede convertir en verdad para la opinión pública porque no ha sido debidamente contrastada”.
La campaña 'Stop bulos', de la Policía Nacional, está dirigida precisamente a tratar de frenar la proliferación de mentiras alarmistas.
Sanz también ha alertado contra la práctica de compartir la ubicación de los controles policiales, que interfiere en la investigación policial y puede frustrar operativos dirigidos a garantizar la seguridad ciudadana.