- Cinco más se incorporarán en los próximos dos semestres.
En concreto, desde esa fecha en 12 ocasiones Consejeros de Comunidades Autónoma han estado presentes en el Consejo: Andalucía (3 veces), Aragón (1 vez), Asturias (1 vez), Castilla y León (2 veces), Cataluña (3 veces), Galicia (1 vez) y País Vasco (1 vez).
Durante el semestre en curso, así como durante los primeros seis meses de 2006 está ya acordado que se incorporarán a esta experiencia Madrid (6 veces), Extremadura (1 vez), Cantabria (2 veces), Canarias (1) y Murcia (1). Con ello, se espera que a medidos de 2006, 12 de las 17 Comunidades Autónomas hayan participado ya en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Dicho Acuerdo establecía el compromiso de que en cada una de las Conferencias Sectoriales afectadas se articulara un sistema, mediante el cual un Consejero de una determinada Comunidad Autónoma se integrara como miembro de la delegación española en cada una de las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Esta integración se produce en las reuniones que afectan, especialmente, a las competencias de las Comunidades Autónomas, es decir: Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo; y Educación, Juventud y Cultura.
Es importante resaltar que el Consejero de la Comunidad designada se integra en representación de las 17 Comunidades Autónomas, por lo que está obligado a atender las opiniones y criterios del resto de Comunidades, así como a explicar posteriormente el contenido y resultados de la reunión.
Pero el Acuerdo no sólo se refiere a la participación de Consejeros, es decir, de responsables políticos, sino que también supone la participación de funcionarios y técnicos expertos de las Comunidades Autónomas, que pueden aportar a los funcionarios del Estado sus criterios profesionales para que la postura española esté adecuadamente fundamentada. En este sentido, ya se ha producido la presencia de técnicos de Comunidades Autónomas en más de 40 reuniones de Grupos de Trabajo del Consejo, en los que participan junto al representante técnico del Ministerio correspondiente.
En definitiva, el Acuerdo ha supuesto establecer y reforzar un sistema de cooperación que resulta de esencial interés para articular dos necesidades existentes: el respeto de las competencias de las Comunidades Autónomas y la adecuada defensa de los intereses españoles en la Unión Europea.
