UNA VISIÓN DE LA ESPAÑA PLURAL JORDI SEVILLA Ministro de Administraciones Públicas

Buenos días Quiero agradecer de forma muy especial al Círculo de Economía de Barcelona la ocasión que me ha ofrecido de estar nuevamente con todos ustedes. Antes de empezar con el tema de mi conferencia, quiero recordar a las víctimas del trágico suceso que ocurrió el domingo pasado en la Todolella, Castellón, y a cuyos familiares acompañé ayer en el dolor, en una de esas situaciones en que sentimos con total claridad cómo es mucho más lo que nos une a todos que lo que nos separa. También me gustaría enviar un mensaje de ánimo a los vecinos del barrio del Carmel de Barcelona, para que sepan que pueden contar con la solidaridad y apoyo del Gobierno. Amigas y amigos, vivimos uno de esos momentos especiales en que toda España mira con atención lo que pasa en Cataluña. Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda el Círculo de Economía para declarar aquí, en Barcelona, que el Gobierno tiene plena confianza en que el proceso de reforma del Estatuto catalán va a ser un éxito para todos. Esta confianza esta basada en En primer lugar, porque la base del proceso estatutario catalán es En segundo lugar, En tercer lugar, porque las propuestas de En cuarto lugar, porque los reformistas catalanes han sabido siempre, que las En resumen, los catalanes, como dijo su Presidente, no piden la Luna. Estamos seguros, pues, de que esta reforma del Estatuto catalán va a salir bien y, además, para nosotros es muy importante que salga especialmente bien, por cuanto que va a afectar a la nueva configuración de la estructura territorial de España. De hecho, la reforma y modernización del estado español que pretende el Gobierno no estará completa sin una mejora en la articulación territorial que permita a todos, incluida Cataluña, sentirse más cómodos en ese espacio común que llamamos España. La necesidad de estar más cómodos, por parte de algunas autonomías, existe y se manifiesta en las demandas de cambios estatutarios, ante los que se pueden adoptar diversas posiciones: Una posibilidad sería el inmovilismo, decir que todo está bien y que no hay que cambiar nada, aunque esta posibilidad se ve contradicha de forma rotunda por la tozuda realidad, que reclama cambios. Otra posibilidad sería la de la ruptura del modelo institucional actual, aunque ello supusiera la ruptura unilateral de lo existente y la imposición de otro modelo. Como superación de estas dos posiciones enfrentadas, podemos encontrar una Ésta es, sin lugar a dudas, la posición del Gobierno. Y pienso que ésta es también, la posición de la inmensa mayoría de los catalanes, que quieren un nuevo estatuto que sea útil para avanzar en la modernización de Cataluña pero que contribuya también a la modernización de España. Un estatuto que surja del acuerdo entre los catalanes y de éstos, con el resto de españoles. Ahora bien, hemos de buscar el acuerdo sobre las reformas necesarias. Pero no nos podemos equivocar respecto a los instrumentos, porque No todo cabe en el Estatuto a riesgo de hacerlo inabarcable. Debemos igualmente rechazar las imposiciones unilaterales, tanto del conjunto respecto a las partes como de una de las partes hacia el conjunto. Tenemos que conseguir el acuerdo, y para ello es preciso que aseguremos El Gobierno del que formo parte asume ese compromiso sin ninguna reserva. Pero, tal y como he dicho, el Estatuto no es el único instrumento para el mejor encaje de Cataluña en España, porque, al igual que Cataluña siempre ha tenido un proyecto de España, existe también un proyecto español para Cataluña que no se limita a aprobar un Estatuto. Lo que debemos hacer es procurar que ambos proyectos confluyan, y ahora estamos en una situación histórica especialmente propicia para ello, porque podemos compartir, por fin, una visión de la España plural que haga crecer a España, y con ello, también a Cataluña. Ahora es posible que aceptemos todos que hay una nación con Estado que es España, que como Estado está compuesto por tres niveles administrativos y políticos, y que como nación está compuesta también por naciones sin estado propio, a las que la Constitución denomina nacionalidades, y por regiones. Pero, así como no podemos negar la pluralidad de la nación española, tampoco podemos obviar el hecho cierto de que todos los pueblos de España formamos parte del mismo espacio democrático de convivencia, un ámbito de derechos compuesto por ciudadanos libres e iguales que habitamos este país, esta pell de brau, en expresión de Espriu. Y, puesto que tenemos que vivir y decidir juntos, disponemos de un marco propicio para el desarrollo tanto del autogobierno como de la interrelación positiva entre los pueblos de España, que es la Constitución Española y el sistema autonómico surgido de ella. Nuestra tarea actual debe consistir en mejorar el marco, no en romperlo, y no sólo porque el sentimiento nos diga que no podemos romperlo, sino porque cualquier persona sensata de este país sabe perfectamente que eso no le interesa a nadie. Por eso, no debemos limitar las reformas en el modelo territorial a la profundización en el autogobierno, y apostamos también por establecer mecanismos que mejoren la interrelación entre Cataluña y el resto de España, a partir de un concepto clave para el futuro, que es el 2.- EL MODELO DE LA ESPAÑA PLURAL Debo reconocer que comparto muchas cosas con Pasqual Maragall, al que considero un político catalán con una visión original y fecunda de este país tan complejo que es España. Mi perspectiva parte, como la del presidente catalán, de la idea de una España en red, más que de la España radial que tantas veces se ha querido imponer. En lo que Pasqual Maragall, sin duda, estará de acuerdo conmigo es en que la red no debe servir para atraparnos ni enmarañarnos, sino para apoyarnos en ella y proyectarnos hacia el mundo. El Estado, en esta estructura de malla, no es sólo el Gobierno central y la Administración General de que dispone, sino todas las instituciones de la democracia española, incluyendo Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pero la red del Estado necesita una coordinación no sólo para que el conjunto sea eficiente, sino para que lo sea también cada una de sus partes. Este trabajo de coordinación es el que le corresponde impulsar principalmente al Gobierno Central, por lo que debemos redefinir su papel actual hacia funciones basadas, fundamentalmente, en la concertación de las otras Administraciones, aparte de las tareas comunes del Estado que debe realizar. Este es un buen momento para avanzar en el modelo de la España en red, puesto que disponemos ya de una estructura política y administrativa que lo propicia. En estos 26 años, tras la aprobación de la Constitución, el Estado de las autonomías se ha desarrollado con éxito, en un proceso de descentralización política y administrativa que ha supuesto acercar el gobierno a los ciudadanos y mejorar el funcionamiento de la Administración. En toda su larga historia, nunca Cataluña, al igual que el resto de pueblos de España, había alcanzado el nivel de autogobierno que permite la Constitución y que se ha desarrollado con el Estatuto. Aunque, en ocasiones, las Comunidades Autónomas han tenido que abrirse paso a codazos en pos de las competencias, en estos momentos podemos decir que su función se halla plenamente consolidada, y que existe un alto grado de satisfacción de los ciudadanos con el Estado autonómico. Y, aparte de para mejorar la gestión de los servicios públicos, las autonomías han servido también para que se avance en el reconocimiento de la diversidad de España. Las Comunidades que, como Cataluña, disponen de hechos diferenciales tan importantes como la lengua o el derecho civil propios, han podido protegerlos y desarrollarlos, lo que representa el cumplimiento de una aspiración verdaderamente histórica. Ahora debemos avanzar más en el reconocimiento conjunto de nuestra pluralidad, para que acabemos de asumir que constituye una riqueza más que un riesgo, o un estorbo, para nuestra convivencia. El Estado de las autonomías ha sido, como he dicho, un verdadero éxito histórico de la nación española, pero todo es susceptible de ser mejorado, y el Gobierno actual está dispuesto a aceptar las propuestas de mejora que realicen las Comunidades Autónomas. Como es natural, Nuestra concepción de las reformas estatutarias es clara y directa: entendemos que deben servir, ante todo, para hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, sin que ello suponga ni romper el marco de convivencia ni alterar el impulso a la cohesión territorial de España. Por ello, el Gobierno ha declarado en repetidas ocasiones, desde el mismo debate de Investidura del presidente Rodríguez Zapatero, la Constitución. Consideramos que, sin salirse del marco constitucional, existe un margen importante para avanzar en el desarrollo autonómico, es decir, para profundizar en el autogobierno. 3.- INSTRUMENTOS PARA LA COOPERACIÓN A lo largo del desarrollo autonómico, las relaciones entre las Administraciones han estado dominadas por el espíritu de la confrontación, dado que se han tenido que distribuir las competencias de cada una, lo que ha generado un inevitable debate sobre lo que le corresponde a cada uno. Ahora, una vez alcanzado uno de los niveles de descentralización más altos del mundo, quedan pocas competencias exclusivas sobre las que poder discutir, y además es más que probable que llegaremos, sin demasiado esfuerzo, a un acuerdo racional y justo. El Gobierno considera que lo prioritario, en el momento actual, es la creación de nuevos instrumentos para la cooperación institucional, que nos permitan aplicar sistemas eficaces de compartir competencias. Y el primer mecanismo que hemos puesto en marcha es tan sencillo que no ha consistido más que en recuperar el A partir del diálogo con todos, sin exclusiones, hemos conseguido crear la Conferencia de Presidentes, a la que acudieron todos los presidentes autonómicos, en una muestra de que existe una apuesta común por hablar y entenderse en los temas clave que afectan a cada una de las Comunidades Autónomas y, por tanto, afectan al conjunto de España, como es la financiación de la sanidad. También hemos rebajado el altísimo nivel de conflictividad ante el Tribunal Constitucional que se acumuló con el anterior Gobierno, al mismo tiempo que hemos puesto en marcha, de nuevo, las negociaciones sobre las transferencias pendientes. Otro fruto importante de ese poderoso instrumento que es el diálogo ha sido el acuerdo para que las Comunidades Autónomas tengan, por fin, una representación propia ante las instituciones de la Unión Europea. Quiero señalar, en relación a la Unión Europea, que el Gobierno del que formo parte ha impulsado de manera decidida el reconocimiento, por parte de Europa, de las lenguas cooficiales en España, entre ellas el catalán, que ha entrado por primera vez en las instituciones de la Unión. Pero el instrumento más relevante de cooperación que pretendemos crear consiste en la reforma del Senado para convertirlo en la genuina cámara territorial que prevé la Constitución. Queremos que en el Senado se visualice el trabajo conjunto de todas las Comunidades Autónomas en la cogobernanza de España. El Senado será, además, la principal institución encargada de proteger e impulsar las señas de identidad y las instituciones de autogobierno de las diferentes autonomías. También el desarrollo del Gobierno Local puede constituir otra poderosa herramienta de cooperación entre las distintas administraciones del Estado, pues consideramos que la cuestión actual debe centrarse no tanto en la manera de transferir competencias como en buscar fórmulas de compartirlas para un mejor servicio público. Hoy, he tenido ocasión de presentar aquí, en Barcelona, el borrador del Libro Blanco sobre la reforma del Gobierno Local en España, a partir del cual se están recogiendo las aportaciones de todo el universo de la administración local española. Este proceso participativo culminará este verano, con la redacción de un documento que servirá de base para la nueva Ley de Bases de Régimen Local, en la que la cooperación será, sin duda, un concepto clave. Iniciativas la Carta de Barcelona, que el Gobierno se comprometió a impulsar y cuyos trabajos de preparación esperamos culminar en breve, nos demuestran que el futuro, como ha ocurrido en todas las épocas, pasa en gran medida por las ciudades. Otra línea de trabajo que estamos siguiendo consiste en el estudio de mecanismos de prestación de servicios públicos que estén basados en la calidad y la cooperación. Vamos a presentar en breve una Existen muchos organismos que pueden funcionar con la forma de Agencias de gestión compartida, como, por ejemplo, las Agencias Tributarias autonómicas y central. 4.- EL MARCO INSTITUCIONAL En último término, lo que pretende el proyecto de la nueva agenda territorial del Gobierno, basado en la cooperación, es aprovechar la pluralidad de España para generar sinergias de las que todos se beneficien. Sin duda, una condición imprescindible de ese proyecto es el reconocimiento de que la sociedad española es plural y compleja, como también lo es la propia sociedad catalana. Hay, por tanto, muchas visiones distintas de España, como hay también muchas visiones de Cataluña. Ante esta diversidad, nuestro marco de convivencia, fijado en la Constitución, es especialmente idóneo, pues se caracteriza por ser un espacio de derechos de ciudadanía y de igualdad, a partir de los que cada persona debe poder construir libremente su proyecto de vida. Dentro de este ámbito de convivencia democrática, los ciudadanos de las diversas autonomías han desarrollado múltiples relaciones de toda índole entre ellos, hasta el punto de que los distintos territorios de España están imbricados unos en otros no sólo en sentido social o humano, sino también cultural o económico. Es por ello que consideramos que cualquier reforma que se plantee en el marco institucional debe servir para mejorar la convivencia, antes que para establecer barreras o discriminaciones entre los ciudadanos y los territorios. Esa garantía para la convivencia se debe combinar, como es lógico, con el reconocimiento de la personalidad y con la aceptación de los proyectos de mejora de la gestión de los asuntos propios de cada Comunidad Autónoma. Para conseguir que esa combinación pueda ser eficaz, el Gobierno quiere proponer a las Autonomías ·por una parte, que las Comunidades Autónomas sean reconocidas, y se reconozcan, definitivamente como Estado, poniendo con ello el entramado institucional a la altura de lo que reconoce la Constitución; ·por otra parte, que las Comunidades Autónomas reconozcan que el Gobierno de España tiene, a su vez, unos deberes constitucionales que debe cumplir para garantizar la igualdad de derechos, la cohesión y la solidaridad entre todos los ciudadanos y los territorios españoles. Y para esta tarea también necesita medios y competencias. Es importante que logremos cerrar Ciertamente, el marco constitucional puede ser reformado, pero las reformas que se planteen han de contar con el máximo consenso, que desde luego no puede consistir en simples mayorías mecánicas, por absolutas que sean. Es preciso tener muy en cuenta que, en estos 26 años, la Constitución ha generado una importante estabilidad institucional, que es lo que ha permitido el desarrollo de las instituciones autonómicas. Ahora, no estamos en un período constituyente y, por mucho que algunos se empeñen en entenderlo así, no vamos ni a reescribir la historia ni a empezarla de nuevo. Las reformas constitucionales que defiende el Gobierno responden a la adecuación a los tiempos actuales de algunos aspectos que no se pudieron prever en 1978. Estas reformas consistirán en la enumeración de lasla Unión Europea en el texto constitucional, así como en la transformación definitiva del Senado en cámara territorial. Además, queremos eliminar la discriminación de género en la sucesión a la Corona, a partir del actual Príncipe de Asturias. Estos son los cuatro puntos de reforma constitucional que propone el Gobierno, para los que esperamos contar con un amplio consenso entre la mayor parte de las fuerzas políticas. Alguno de estos puntos afecta a cuestiones muy importantes en relación a nuestra estructura territorial, como la reforma del Senado, que puede suponer un avance determinante hacia un mejor encaje de las autonomías en el Estado. Tal y como anunció el Presidente del Gobierno, también en el debate de investidura, el Gobierno apoyará las propuestas de cambios estatutarios que no supongan modificar otros puntos de la Constitución más que los citados y que cuenten con un alto grado de consenso. Consenso en los Parlamentos autonómicos y consenso en el Parlamento de la nación El trabajo que se está llevando a cabo en el Parlamento catalán, a partir de minuciosos estudios de la constitucionalidad de las propuestas y de la participación de todas las fuerzas políticas en el debate estatutario, puede permitir que el proceso finalice dentro de los márgenes racionales que marcan esas dos premisas: constitucionalidad y consenso. Ahora estamos en medio del, digámoslo así, fragor del debate, en el que se realiza todo tipo de aportaciones y se tiende con frecuencia a explorar los límites del territorio, pero creo firmemente que vamos a tener una propuesta final de reforma del estatuto de Cataluña que volverá a poner de manifiesto la capacidad de los catalanes para combinar con eficacia el compromiso con su propio autogobierno y el compromiso con el resto de España. Donde habrá que procurar la mayor eficacia posible en la citada combinación de compromisos es con el tema de la financiación, que es un campo especialmente complejo, dado que afecta a cuestiones básicas de la convivencia. De hecho, una de las más importantes funciones constitucionales del Gobierno es la de garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, lo que significa que No les voy a exponer los motivos éticos, ni siquiera los de simple justicia, que justifican dicha función, porque creo que les resultarán obvios. Lo que sí quiero subrayar es que el objetivo de que el territorio español esté cohesionado debe ser compartido por todos también por interés, puesto que a todos nos interesa que exista un similar nivel de desarrollo en el ámbito donde convivimos y donde tenemos establecidas múltiples relaciones de todo tipo. El Gobierno estima conveniente que se busquen fórmulas para mejorar la suficiencia y la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, y alguna de las propuestas aportadas dentro del debate estatutario catalán contiene aspectos interesantes, pero consideramos que se debe desarrollar a partir de dos premisas fundamentales: que el sistema resultante pueda tener aplicación general y que se mantenga el imprescindible principio de la cohesión territorial como tarea fundamental del Gobierno central. 5.- CONCLUSIÓN FINAL En suma, la visión de la España plural que tiene el Gobierno, y que he procurado transmitirles, consiste en una perspectiva incluyente que respeta la diversidad no sólo porque cree en la posibilidad de convivencia entre pueblos diversos, sino porque considera a la diversidad como una auténtica riqueza común. Dentro de esa visión, Compartimos con Europa el mismo ámbito de derechos y de valores, que nos permiten disponer de un extraordinario espacio común para nuestro desarrollo conjunto, y ahora, con la ratificación de la Constitución Europea, las naciones que forman Europa van a confirmar su vocación de unirse políticamente de forma definitiva. Vivimos tiempos de cambios importantes, en los que muchas de las cuestiones del pasado están quedando arrinconadas para acabar cubiertas por el polvo de la Historia, por mucho que algunos se esfuercen en revivirlas inútilmente. Para finalizar, me gustaría referirme a un ejemplo muy clarificador del enorme impacto de los cambios históricos. Durante décadas, la política comercial y arancelaria ha forjado una parte esencial de la relación entre Cataluña y España, con el debate entre el librecambio y el proteccionismo. La política arancelaria de España constituyó durante mucho tiempo un auténtico éxito del catalanismo; aunque también hubo quienes lo apoyaron fuera de Cataluña, incluso en la librecambista Valencia. Hoy, este capítulo decisivo y controvertido de nuestra historia común ha dejado de tener sentido, puesto que las decisiones al respecto ya no son de Cataluña, ni de España, sino que pertenecen en exclusiva a la Unión Europea, que es lo mismo que pasa con la moneda y las cuestiones relacionadas con su devaluación o no. Ante estos cambios tan fundamentales, lo que no podemos hacer es seguir aferrados a dogmas del pasado como si nada hubiese pasado. En el inmediato futuro, una de las más importantes lecciones de la historia va a ser la de cómo la diversidad de los pueblos de Europa ha encontrado, con la Constitución Europea, una vía definitiva para avanzar en su coexistencia. En España, donde ya disponemos desde hace más de 25 años de una Constitución que nos ha permitido convivir, avanzar juntos y desarrollarnos en nuestra pluralidad, podemos y debemos hacer lo preciso para mejorar el sistema autonómico, pero sin que lo que hagamos afecte a sus bases, que han demostrado ser válidas y capaces de generar prosperidad para todos. Tenemos que reformar el Estatuto catalán, pero hay que hacerlo con inteligencia y hay que contar, aún más que con el acuerdo, con la complicidad de todos, pues es mucho lo que nos jugamos. El Gobierno está seguro de que Cataluña sabrá reformar su marco estatutario de manera que esta reforma sirva para mejorar no sólo el encaje de Cataluña en España, sino que contribuirá, además, a mejorar el marco autonómico español en general. Esta es nuestra tarea común. Una tarea común a la que debemos hacer frente tejiendo una importante red de confianza que se extienda por toda España. En estos primeros meses de Gobierno, hemos impulsado numerosos cambios, como la conferencia de Presidentes o Ahora es posible hacerlo y hacerlo de tal manera que sus pasos adelante, grandes o pequeños, sean irreversibles en el futuro. De nosotros, de todos. Muchas gracias.