Pilar López-Rioboo reclama a la Xunta que deje ya de obstruir y posibilite la licitación del proyecto de regeneración de la ría de O Burgo
14/08/2020
La subdelegada del Gobierno reclama a la Xunta que asuma sus responsabilidades y competencias en materia de marisqueo
Recuerda que la necesidad de la certificación de la disponibilidad de los terrenos viene determinada en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el Partido Popular en noviembre de 2017
Lamenta que la Xunta considere como simplemente formalista el obligado cumplimiento de la legalidad y le recuerda que será la única responsable en el caso de que no se pueda ejecutar la obra
La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo; ha reclamado de nuevo a la Xunta que deje ya de obstruir y posibilite la licitación del proyecto de regeneración de la ría de O Burgo, certificando la total disponibilidad de los terrenos.
Por ello, ha insistido en que “la tramitación depende exclusivamente de esta certificación y negarse a emitirla es bloquear de manera intencionada la regeneración de la ría. La Xunta no puede escudarse en que el obligado cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno de España se trata de un simple formalismo ya que con esto en realidad le está pidiendo que incumpla la legalidad”, ha añadido.
López-Rioboo ha reclamado que la Xunta asuma de una vez por todas sus responsabilidades y competencias en materia de marisqueo, que son exclusivamente de la comunidad autónoma, por lo que las decisiones sobre el marisqueo y sus concesiones le corresponden por completo, por mucho que quiera responsabilizar al Gobierno de España.
Asimismo, ha lamentado que trate de escudarse en disquisiciones de su asesoría jurídica, en razonamientos que poco parecen tener relación con la licitación ya que “la Xunta es perfectamente conocedora de su obligación de certificar la disponibilidad de los terrenos, tal como le has trasladado con total detalle la Abogacía del Estado”.
Pilar López-Rioboo ha reiterado que el Gobierno dispone del dinero, está en disposición y tiene la total voluntad de licitar la obra, aunque no puede seguir avanzando si no se cuenta con el imprescindible apoyo de la Xunta, ya que es necesario que desde la Consellería do Mar se desbloquee el trámite de certificar que en los terrenos donde se proyecta actuar no se desarrollan actividades que impidan considerar que exista plena disposición de dichos terrenos.
Este requisito, ha recalcado, debe cumplirse previamente a la aprobación del expediente de contratación, es decir; de su licitación. Así se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en noviembre de 2017 por el Gobierno del Partido Popular. Y así lo indican los informes jurídicos de la Abogacía del Estado, de los que son sobradamente conocedores en la Xunta por mucho que pretendan ignorarlos.
De hecho, el artículo 236 de dicha ley indica textualmente que “aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar”, a la vez que añade que “en la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. En el caso de cesión de terrenos o locales por entidades públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación de los órganos competentes”.
De esta situación es perfectamente conocedora la Xunta de Galicia, tal como se le ha trasladado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y la propia Abogacía del Estado, que le ha recordado que las autorizaciones de marisqueo otorgadas por la Xunta sobre los terrenos afectados por la obra de la ría limitan la disponibilidad de dichos terrenos.
Así se lo ha indicado por escrito la propia ministra al presidente de la Xunta, al que le ha transmitido que debe comprobarse el estado exacto en el que se encuentran los terrenos y garantizarse que están real y plenamente disponibles, siendo la Xunta la administración competente para autorizar la actividad marisquera y que por lo tanto le corresponde llevar a cabo las actuaciones necesarias para que sea posible certificar que en los terrenos donde se proyecta actuar no se desarrollan actividades amparadas en algún título administrativo que genere derechos subjetivos que impidan certificar esa plena disposición de los terrenos, en un requisito que debe hacerse previamente a la licitación de la obra, tal como se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público.
Por lo tanto, todo lo que no sea emitir la certificación de la disponibilidad de los terrenos libres de derechos supone impedir la licitación de la obra y representa la certificación de la imposibilidad de acometer el proyecto, con la consiguiente pérdida de los fondos económicos en lo que supondría un daño irreparable para toda la comarca coruñesa.
Todo ello se produciría con la única responsabilidad de la Xunta y después de que el Gobierno haya realizado el proyecto, lo haya sometido a información pública y haya conseguido el dinero para su ejecución, a través de los fondos europeos del Feder y con la aportación propia a través de los Presupuestos Generales del Estado, con un coste global cercano a los 50 millones de euros.