El Gobierno formula una manifestación de interés a CCAA y EELL para definir actuaciones destinadas a digitalizar la administración
21/05/2021
- El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, instan a los miembros de la Conferencia Sectorial de Administración Pública a presentar sus propuestas
- Las administraciones tienen hasta el 7 de junio para formular sus iniciativas, que se deberán encuadrar en cinco líneas estratégicas: Administración orientada a la ciudadanía; Operaciones inteligentes; Gobierno del dato; Infraestructuras digitales y Ciberseguridad
- Estas iniciativas estarán financiadas con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- De los 1.000 millones de euros con que cuenta el programa de inversión 3 del componente 11, para este ejercicio se han comprometido 136 millones para las autonomías y 92 para las entidades locales
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha formulado una manifestación de interés a los miembros de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, integrada por la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades y Ciudades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL), en relación con las actuaciones financiables dirigidas a la transformación digital y la modernización de las administraciones públicas.
El objetivo es que la AGE, las CCAA y las EELL definan las actuaciones que podrán desarrollarse con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de medidas incluidas en el programa de inversión 3 del componente 11: Transformación Digital y modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Esta financiación asciende a 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2023. De estos, 578,6 millones corresponden a las CCAA; 391,4, a las EELL; y los 30 restantes, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Para este ejercicio, ya están comprometidos 136 millones para las autonomías y 92 para las entidades locales.
Atención a la ciudadanía
Los proyectos que se financien estarán destinados a beneficiar la atención a la ciudadanía y a contribuir activamente al éxito de las políticas públicas. El programa de inversión cuenta con cinco líneas estratégicas. En primer lugar, la Administración orientada a la ciudadanía pretende modernizar los servicios públicos, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales y la modernización y capacitación.
La segunda línea, Operaciones inteligentes, está enfocada a mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, a través del uso de tecnologías de automatización inteligente.
Por su parte, Gobierno del dato, tiene como objetivo democratizar el acceso a los datos, permitiendo el libre acceso a la información y su replicabilidad. La cuarta línea estratégica, Infraestructuras digitales, busca dotar a las administraciones públicas de las infraestructuras tecnológicas necesarias para su modernización.
Finalmente, con Ciberseguridad se busca garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales de las administraciones públicas.
Accesibilidad a través del móvil
Para cada una de las líneas estratégicas se identificarán actuaciones financiables. Cada comunidad autónoma desarrollará al menos un proyecto en una de ellas. Además, se fija el objetivo de que en 2023, el 60% de los trámites digitales de la administración autonómica permitan su uso por dispositivo móvil. En la actualidad, se permite el 48% de los mismos.
Las CCAA y las ELL tienen hasta el 7 de junio para formular sus propuestas. Los proyectos que propongan deberán estar alineados con los planes estratégicos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia; con la Agenda España Digital 2025 y con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. También deberán permitir la interoperabilidad entre servicios y la reutilización por otras administraciones, entre otros.