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Desarticulada una organización criminal especializada en suplantar identidades en los exámenes para obtener el carné de conducir

18/04/2018

Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta, han detenido a 46 personas y desarticulado una organización criminal de origen subsahariano especializada en la falsificación de documentos. Los arrestados suplantaban la identidad de los aspirantes para obtener el carné de conducir a cambio de 2.000 euros. Además fabricaban cualquier tipo de documento para su venta entre la comunidad ghanesa en España, cobrando 600 euros por pasaporte, 300 euros por permiso de residencia o 150 euros por certificado.

Inspección entre los aspirantes a obtener el permiso de conducir

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2016. Los agentes se desplazaron hasta la sala de exámenes teóricos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona para verificar los documentos presentados por los aspirantes a obtener el permiso de conducir. Allí detectaron irregularidades en la tarjeta de identidad de extranjero de un ciudadano de Ghana al tratarse de un documento falso con el que se identificaba otro ciudadano de ese país.

Fruto de un análisis detallado de este caso, los investigadores descubrieron la existencia de una trama criminal dedicada a la falsificación de documentos para realizar exámenes teóricos de conducir. Usurpaban la identidad del aspirante y, por lo tanto, incurrían en la presunta comisión de varios delitos, tales como falsedad documental, usurpación de estado civil y delitos contra la seguridad vial, ya que obtienen el carné de forma fraudulenta sin los conocimientos teóricos y prácticos necesarios.

2.000 euros por contratar a un suplantador en el examen

Los agentes comprobaron que las personas interesadas pagaban 2.000 euros a la organización para que un suplantador se presentara al examen, identificándose con un documento alterado donde constaban los datos del cliente-aspirante pero con la imagen del usurpador-suplantador. En algunas ocasiones, si aspirante y usurpador tenían rasgos físicos similares, este último se presentaba con el documento real del primero.

Principalmente, los clientes eran personas que necesitaban adquirir el carné rápidamente, que no hablaban el idioma o que no querían estudiar.

Pasaportes 600 €, permisos de residencia 300 €, certificados 150 €

Otra rama de la organización se encargaba de producir y vender gran cantidad de documentos falsificados de varias clases -pasaportes, certificados de nacimiento, certificados penales, sellos para legalizaciones- distribuidos principalmente entre la comunidad ghanesa en España y por los que solicitaban diversas cantidades de dinero. Estos documentos eran utilizados para adquirir nuevas identidades en España, obtener permisos de residencia en nuestro país o solicitar todo tipo de ayudas y prestaciones estatales, autonómicas o municipales.

También clonaban las tarjetas bancarias que utilizaban los suplantadores para adquirir los billetes de transporte cuando se desplazaban a las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico.

Personas al volante que desconocían las normas de tráfico

Al frente de la organización, que tenía una gran infraestructura por todo el territorio español, se encontraba un ciudadano nacido en Ghana que tenía como lugarteniente a un varón de origen nigeriano -experto falsificador- que creaba los documentos de más calidad. Ambas personas contaban con varios subordinados que actuaban como intermediarios buscando nuevos clientes y como mensajeros de los documentos falsificados.

Tras analizar todos los datos obtenidos, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y registraron seis inmuebles –cuatro en Madrid y dos en Barcelona- donde se han encontrando gran cantidad de documentación de personas que habrían obtenido el permiso de conducir de esta forma fraudulenta. La investigación, que continúa abierta, se ha saldado hasta el momento con la detención de 46 personas en Madrid (10), Barcelona (16), Murcia (2), Logroño (2), Vizcaya (3), Zaragoza (7), Burgos (2), Alicante (1), Las Palmas (1), Almería (1) y Lleida (1).

El desmantelamiento de esta red tiene especial relevancia para la seguridad vial al evitar que se pongan al volante personas que desconocen las normas de tráfico.