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Fomento hace un llamamiento al diálogo y apela a la responsabilidad para llegar a un acuerdo sobre la regulación de la estiba
13/02/2017
El Ministerio de Fomento continúa abierto al diálogo y la negociación en aras de alcanzar un acuerdo en torno a la regulación de la estiba, al tiempo que apela a la responsabilidad ya que esta reforma responde al cumplimiento obligado de una sentencia.
El Ministerio condena las situaciones de bajo rendimiento que, según nos trasladan las empresas, se están registrando en los puertos, así como cualquier acto vandálico y sabotaje que se puedan producir e insta a que se instale un clima de normalidad y de diálogo. Confía, además, desde el respeto al derecho de huelga, en que se cumplan los servicios mínimos establecidos ante la convocatoria de huelga de los días 20, 22 y 24 de febrero.
Nuestro país debe acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014 por la que se condenaba al Reino de España al considerar contrarios al Tratado de la UE aspectos relevantes de la regulación de la estiba en la Ley española de Puertos.
El Gobierno lleva dialogando sobre este asunto de forma permanente durante dos años con sindicatos y empresas. Mañana martes se mantendrá una nueva reunión en la sede del Ministerio, a la que están convocados sindicatos y patronal, que se suma a las ya mantenidas hasta la fecha.
Los límites de la negociación son los que marca la propia Comisión Europea, quien ya ha mostrado su negativa a que se cree un registro nacional de trabajadores, tal y como proponen los sindicatos.
Precisamente éste es uno de los puntos recogidos en el documento firmado entre empresas estibadoras y sindicatos. La Comisión Europea en fecha 27 de julio de 2016 respondió al Reino de España que dicho registro no se podía crear (“List of employees to be held at company level. No national register will be created”, afirma textual la carta remitida por la directora general de Transporte y Movilidad de la Comisión).
La Unión Europea dictará en fechas próximas una segunda sentencia que supondrá para España 134.000 euros cada día por incumplimiento de la misma, además de los 21,5 millones de euros de multa a los que ya debe hacer frente nuestro país.