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El CPFF aprueba los nuevos objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas para 2016 y la nueva senda para el periodo 2017-2019

01/12/2016

Esta tarde se ha celebrado el primer pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de l a duodécima legislatura, que ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno en su calidad de ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas.

El CPFF ha aprobado los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno para las comuni dades autónomas en el ejercicio 2016. El objetivo de déficit público para este año ha quedado establecido en el - 0,7% del PIB nacional, que es el mismo porcentaje que fue aprobado en el CPFF del pasado 28 de abril y recogido en el Plan Presupuestario presentado a la Comisión el 14 de octubre y que no pudo aprobarse por las Cortes Generales al disolverse éstas el 3 de mayo. Este objetivo es más del doble que el que en un principio estaba fijado y que era del - 0,3%.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que ha presidido la reunión del CPFF, ha presentado además los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2017 -2019.

La senda aprobada para las comunidades autónomas correspondiente a este periodo es la siguiente: -0,6% del PIB para 2017, -0,3% del PIB para 2018 y 0,0% del PIB para 2019.

A este respecto, el ministro ha recordado que este CPFF da continuidad a los celebrados los pasados 15 y 28 de abril y que la modificación de los objetivos de déficit y deuda se enmarca dentro de las medidas que deben adaptarse en relación con las comunidades autónomas como consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión Europea del pasado 8 de agosto. Asimismo, ha apuntado que la suavización de la senda de consolidación para este subsector debe ir acompañada de medidas de ajuste que deben adoptar las propias comunidades autónomas en aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

Por otro lado, el CPFF ha aprobado el objetivo de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas para el ejercicio 2016, en consonancia con los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria. Éste se ha fijado para este año en un 24,4% del PIB nacional.

Los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para el trienio 2017-2019 han quedado fijados en los siguientes términos: 24,1% para 2017, 23,6% para 2018 y 22,7% para 2019. Los importes de deuda pública establecidos para el conjunto de las comunidades autónomas para 2016 se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante el ejercicio siempre que no se destine a financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio. A efectos del cumplimiento de este objetivo, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivarán de decisiones discrecionales de la comunidades autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Para el trienio 2017-2019, se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación para las comunidades autónomas que se produzcan durante los respectivos ejercicios, siempre que no se destinen a financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio en que se ejecute, y por los incrementos de deuda derivados de reclasificaciones de entidades y organismos públicos en el Sector Administraciones Públicas, siempre que no financien déficit del ejercicio.

Finalmente, el ministro ha ofrecido información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto por las comunidades autónomas en el ejercicio 2015, así como sobre el desarrollo del Acuerdo 5/2012 del CPFF en materia de reordenación y racionalización del sector público instrumental autonómico y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo.