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Canarias recibirá unos 15,5 millones de euros para garantizar la alimentación infantil y la prestación de los servicios sociales básicos
25/03/2020
El Consejo de Ministros aprueba a través de sendos Acuerdos la distribución del Fondo Social Extraordinario para hacer frente a situaciones derivadas del COVID-19 y de las ayudas para alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad debido al cierre de centros educativos
Canarias recibirá un total de 15.363.602 euros para la financiación de ayudas y fondos sociales para hacer frente a la crisis sanitaria global actual, como parte del compromiso del Gobierno de España de atender a las necesidades de los más vulnerables ocasionadas por el coronavirus COVID-19 y por las consiguientes medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a través de sendos Acuerdos la formalización de los criterios de distribución y la distribución resultante de dos fondos sociales acordados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, centrados en atender a las prestaciones básicas de los servicios sociales y garantizar la alimentación infantil ante el cierre de los centros escolares.
De esos cerca de 15,5 millones de euros destinados a Canarias, 14.087.602 euros corresponden a los créditos para la financiación de las prestaciones básicas de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias y corporaciones locales canarias, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.
Los restantes 1.276.000 euros corresponden a los créditos para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.
Ayudas para alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Las ayudas para alimentación infantil, que se prolongarán mientras permanezcan cerrados los colegios e institutos y que comprenden el reparto en toda España de 25 millones de euros, irán destinadas a niñas y niños que recibían en sus centros educativos una beca comedor y que, ante el cierre de los mismos, se encuentran desprovistos de esta comida esencial.
Las ayudas podrán consistir en transferencias económicas directas o la prestación directa de distribución de alimentos y serán beneficiarias las familias con alumnado desde Educación Infantil hasta Secundaria, a quienes las comunidades autónomas o los servicios sociales municipales hayan concedido becas o ayudas para el comedor escolar durante el presente curso académico.
Fondo Social Extraordinario frente al COVID-19
Este fondo extraordinario distribuye entre los distintos territorios del Estado los 300 millones de euros contemplados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, gracias a la autorización por parte del Ministerio de Hacienda de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020.
Los recursos de este fondo solo pueden utilizarse para hacer frente a situaciones derivadas del COVID-19 y están destinados a reforzar las políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad en las distintas comunidades autónomas, en concreto, personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales, entre otros colectivos.
El Fondo Social Extraordinario, cuya distribución responde a unos criterios de reparto
objetivos basados en el número de habitantes, dispersión de la población en el territorio y población envejecida, financiará proyectos y contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de prestaciones como:
- Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario.
- Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria.
- Trasladar cuando sea necesario al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación.
- Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar.
- Adquirir medios de prevención.
- Ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales.