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El Gobierno crea 5 juzgados y 2 nuevas plazas de fiscales en Canarias para reforzar la protección de los derechos de la ciudadanía
![Reunión del Consejo de Ministros (Archivo) Reunión del Consejo de Ministros (Archivo)](https://www.mptfp.gob.es/dmsweb/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/canarias/actualidad/notas_de_prensa/notas/2019/04/2019-04-12/150219consejo_extraord01.jpg.jpg)
12/04/2019
Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, San Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife contarán con nuevos juzgados de primera instancia, primera instancia e instrucción y de lo mercantil
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado hoy dos reales decretos por los que se crean cinco nuevos juzgados y dos plazas de fiscales en las Islas Canarias, del total de setenta y cinco unidades judiciales y ochenta plazas en el Ministerio Fiscal de nueva creación en el conjunto del Estado.
El objetivo de estas medidas es atender las necesidades de la Justicia española, contribuir a su mayor eficacia y calidad, y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos.
En el real decreto relativo a la programación de 2019 de nuevas unidades judiciales, se dispone la creación en Canarias del Juzgado de primera instancia nº 17 de Las Palmas de Gran Canaria, el Juzgado de primera instancia nº 6 de Telde, el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Arucas, el Juzgado de primera instancia nº 7 en San Cristóbal de la Laguna, y el Juzgado de lo mercantil nº 2 de Santa Cruz de Tenerife.
En el conjunto del Estado, se dispone la creación de cincuenta y un juzgados y la dotación de veintidos plazas de magistrado en órganos colegiados. En cuanto a los juzgados de nueva creación, veintiuno son juzgados de primera instancia, ocho de primera instancia e instrucción, seis de lo penal, once juzgados de lo social, cuatro juzgados de lo mercantil y un juzgado decano exclusivo. Además, se procede a la constitución de dos juzgados en la Comunitat Valenciana que habían sido suspendidos en 2011. En este territorio se crea también la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para atender la entrada de asuntos derivada de la instauración de la segunda instancia penal.
La fecha de efectividad de las plazas de magistrado en los órganos judiciales colegiados y la entrada en funcionamiento de los juzgados que se crean y constituyen en este real decreto será fijada por la ministra de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo un Real Decreto por el que se amplía, por primera vez desde 2015, la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en ochenta nuevas plazas, de las que dos se integran en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
En esta modificación de plantilla destaca el refuerzo de medios personales para abordar la lucha contra la corrupción con la creación de nueve plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de una plaza en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, se adecúa la plantilla del Ministerio Fiscal a las necesidades existentes en el Campo de Gibraltar. Este refuerzo trata de garantizar una respuesta judicial proporcionada y adecuada al fenómeno de la criminalidad organizada creciente en la comarca y las provincias limítrofes, principalmente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el blanqueo de capitales. El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó ya la creación de cinco unidades judiciales dentro del Plan Integral Campo de Gibraltar con cargo a los presupuestos de 2018.
También, y en línea con el compromiso del Ejecutivo con los derechos de los colectivos más desfavorecidos, se crea una plaza de fiscal de sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores.
Por otro lado, se amplía el número de plazas en aquellas fiscalías que han requerido durante, al menos, los tres últimos años, medidas específicas de refuerzo para afrontar el incremento de carga de trabajo, lo que determina que se trata de necesidades estructurales y no meramente coyunturales.