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Gobierno, empresarios y sindicatos expresan su voluntad de seguir colaborando “para aportar propuestas destinadas a la reactivación” de Andalucía tras el COVID-19

16/07/2020

Sandra García resalta "cómo desde el diálogo social se han activado medidas que permiten mantener el empleo y la actividad económica"

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, se ha reunido hoy con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y con las secretarias generales de UGT-A, Carmen Castilla, y de CCOO-A, Nuria López, para hacer seguimiento de las medidas destinadas a proteger a las personas trabajadoras y empresarios en la crisis de la COVID-19.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno de España, han analizado los datos de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) tramitados en Andalucía y el número de personas acogidas y han comprobado cómo el 65% de las personas trabajadoras que estaban incluidos en un ERTE por fuerza mayor el 5 de mayo han salido ya del expediente a fecha 10 de julio, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que refleja la reactivación económica tras las medidas implementadas por el Gobierno de España para paliar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia. Según esta estadística, de la totalidad de personas trabajadoras que han salido de un ERTE, más del 85% lo hacen para reincorporarse a su empresa. Del 15% restante, un 40% han sido dados de alta en otra actividad productiva.

Sandra García ha resaltado “cómo desde el diálogo social se han activado medidas que permiten mantener el empleo y la actividad económica, cómo desde la interlocución hemos sido capaces primero de activar y después de prorrogar hasta el 30 de septiembre una medida como los ERTEs, que garantizan el futuro de trabajos, empresas e industrias”. En Andalucía, más de medio millón de andaluces han recibido esta prestación “lo que les ha permitido asegurar unos ingresos y el sostenimiento de sus hogares”, ha puntualizado.

En este punto, han felicitado a los empleados públicos del SEPE por su “constante trabajo y entrega” para tramitar, con la mayor celeridad posible, un ingente número de expedientes, una plantilla que se ha visto incrementada progresivamente desde junio de 2018, pasando de 2.001 a 2.120 personas trabajadoras en la actualidad.

También se han puesto de relieve las 258.214 prestaciones concedidas a autónomos andaluces que por la crisis de la COVID-19 han tenido que hacer frente a la ralentización o paralización total de su actividad y las 108.469 operaciones formalizadas para créditos a 75.779 empresas andaluzas por un importe total de 7.969,7 millones de euros, de los que el Gobierno de España ha avalado 10.218 millones a través de la Línea de Avales para contribuir a asegurar la liquidez, mantener el tejido productivo y garantizar el empleo. Estas cifras convierten a Andalucía en la segunda comunidad de España en número de operaciones, por detrás de Cataluña.

Gobierno, empresarios y sindicatos han coincidido en la necesidad de seguir colaborando “para aportar propuestas destinadas a la reactivación” económica de Andalucía y han coincidido en que “el diálogo social y la negociación colectiva deben ser la senda en la que trabajemos unidos para superar retos los juntos”, por lo que han decidido dotar de periodicidad a estos encuentros.

En el encuentro, el presidente de CEA, Javier González de Lara, ha valorado positivamente el acuerdo nacional adoptado entre Gobierno, CEOE y sindicatos y desde este contexto ha destacado la importancia de apoyar al máximo los sectores empresariales más afectados en Andalucía --como el turismo, el comercio y actividades de ocio, entre otros--. Un apoyo que, en su opinión, “debe desarrollarse desde el diálogo social y que ha de dar respuesta a la necesidad de liquidez a las empresas y al mantenimiento del empleo mediante medidas como los ERTEs, cuya prórroga ha de abordarse de nuevo a partir de septiembre”.

Por su parte, la secretaria regional de UGT-A, Carmen Castilla, ha querido poner en valor "la unidad y el diálogo” que ha existido entre sindicatos, empresarios y Delegación del Gobierno y además ha resaltado que las medidas aprobadas por el Gobierno central “estaban muy en la línea de lo que pedía UGT, con lo cual han estado avaladas por nuestro sindicato". Ha apostado por el sostenimiento del sector público, en especial la sanidad pública “porque sin salud no hay economía y por ello hay que dotar de músculo al sistema sanitario", ha añadido.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha valorado las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para proteger a las personas trabajadoras, que son “el principal activo que tiene un país, con políticas sociales que han permitido que el resultado no sea, de momento, como el de la crisis de 2008, manteniendo la actividad económica y de las familias”, ha afirmado López, que, no obstante, ha trasladado la necesidad de que “en los tiempos que vienen, se trabaje desde el diálogo. Además, López Marín ha insistido en sostener los servicios públicos que tan “cruciales se han demostrado siempre y ahora más que nunca en esta crisis sanitaria”.

Medidas aprobadas por el Congreso

Entre las medidas activas por el Gobierno de España, ayer el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley 24/2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección social del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, una iniciativa que prorroga los ERTEs hasta el próximo 30 de septiembre, fijando la prohibición de despido, el compromiso de mantenimiento del empleo además de impedir el reparto de dividendos en el ejercicio fiscal correspondiente el ERTE, así como la domiciliación de las empresas beneficiadas en paraísos fiscales.

Asimismo, el Congreso de los Diputados también dio luz verde ayer a medidas para apoyar el mantenimiento de la actividad económica de las personas autónomas, como la exoneración en la cotización a la seguridad social, aplicable a partir del 1 de julio de 2020, para aquellas personas autónomas que estuvieran recuperando la actividad; la posibilidad excepcional de acceso a la prestación de cese de actividad en aquellos casos que hubiera existido una caída de facturación de, al menos, 75% en el tercer trimestre de 2020; y el establecimiento de una prestación extraordinaria de cese de actividad para las personas trabajadoras de temporada.

“Consciente de la responsabilidad y de la necesidad de cooperación para emprender medidas, el Gobierno de España suma a las medidas económicas dirigidas directamente al mercado un respaldo económico de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan financiar el impacto de la pandemia”, ha recordado la delegada del Gobierno, fondo aprobado también ayer por el Congreso de los Diputados y que supone “la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación”. Se trata de un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.